La gerente federal del PSOE, Ana María Fuentes Pacheco, en nombre y representación del Partido Socialista, otorgó poderes a un abogado de Lanzarote para que se personase en la causa judicial que el Tribunal Supremo archivó respecto del actual senador Pedro San Ginés, relativa a los cobros efectuados por el letrado Ignacio Calatayud de Inalsa y del Consorcio del Agua, por el concurso de acreedores de la empresa pública.

El Tribunal Supremo apreció que no se desprendían “indicios suficientes” de criminalidad contra el actual senador y presidente del Cabildo de Lanzarote entre 2009 y 2019, y devolvió el procedimiento a los Juzgados de Arrecife. La causa, inicialmente instruida por el titular del Juzgado de Instrucción número dos, Jerónimo Alonso, se acumuló con otro procedimiento previo, en el Juzgado de Instrucción número cuatro, de Ricardo Fiestras, que es el actual responsable del caso.

Después de que la Sala de lo Penal del Supremo indicara que no procedía por su parte la admisión a trámite de la causa contra San Ginés, aforado ante el Alto Tribunal por su condición de senador, el PSOE designó abogado y procurador para personarse en el procedimiento ante el Juzgado de Instrucción número cuatro de Arrecife.

Este domingo, San Ginés ha lamentado en un comunicado “el uso partidista de la Justicia por parte de la actual dirección del PSOE” y ha denunciado “una caza política contra su persona por una causa judicial que ya ha sido archivada por el Tribunal Supremo”.

En este sentido, San Ginés ha criticado la personación de la dirección estatal del PSOE en un expediente judicial sobre el que el Tribunal Supremo ha decidido su archivo, “en una decisión contra el criterio de la propia Fiscalía”.

“Es la demostración definitiva de la exclusiva intencionalidad política que siempre tuvo la falsa denuncia presentada por la secretaria general insular del PSOE, la hoy diputada nacional Dolores Corujo”, asegura San Ginés.

Tras tener conocimiento de la personación de la dirección estatal del PSOE, a través de un poder firmado por la directora gerente federal del PSOE, “y  suponemos que con la aprobación de su secretario general, Pedro Sánchez, y del autonómico, Ángel Víctor Torres”, ha destacado Pedro San Ginés, “salvo que una  secretaria general insular tenga capacidad de hacerlo”, el senador ha recordado en una nota “algunos antecedentes del caso ya archivado por el Supremo”.

Así, San Ginés indica que “la expresidenta del Cabildo, hoy diputada, tras ocultar al juez y a los alcaldes de la Asamblea del Consorcio Insular de Aguas informes jurídicos del Cabildo y del Consorcio que le exculpaban -también múltiples documentos oficiales que acreditaban el carácter colegiado y transparente de los acuerdos con la intención de incriminarle en solitario- recurrió a servicios jurídicos externos con los que se inventó una falsa denuncia que, otra vez, recayó en el juez Jerónimo Alonso, que le imputó por todos los delitos denunciados y algunos más”.

“Este juez resultó finalmente apartado de la causa tras recibir serios correctivos de la Audiencia Provincial por su mala dinámica procesal contra mí, pero antes me había imputado como jefe de banda criminal organizada atribuyéndome múltiples y graves delitos por los que sufrí años de pena de banquillo, decenas de titulares medios de comunicación de Canarias, en muchos casos elaborados desde el gabinete de la presidenta del Cabildo de Lanzarote y sufragados con fondos públicos, amén de infringirme el bloqueo total de cuentas corrientes, sustracción de herramientas de trabajo y embargo preventivo de mis bienes hasta hoy”, añade el senador.

San Ginés también subraya: “Antes de transcurridas 24 horas desde el día en el que el juez ordenó la entrada en su domicilio de una docena de guardias civiles con perros buscando dinero -tras meses de investigación secreta, rastreando y localizando el destino final de los fondos investigados, y, por tanto, en una investigación prospectiva prohibida, sin precedentes, sostuve en rueda de prensa que no sabía qué hacían en mi casa, pero sí sabía que jamás encontrarían nada que me incriminase, y que todo debía de obedecer a la denuncia anunciada en los plenos del Cabildo por su entonces presidenta, Dolores Corujo, con el exclusivo interés político de apartarme de la carrera por la presidencia, cosa que logró”, señaló el senador nacionalista.

En este sentido, Pedro San Ginés reitera que “nada encontraron tras un minucioso estudio de cuentas bancarias, consultas al registro de propiedad, descargas de información en teléfonos, correos electrónicos, discos duros institucionales y personales, así como escolta al juez durante la instrucción del caso por supuestas amenazas de mi entorno nunca aclaradas”.

Por ello, continúa San Ginés, “el único fin era mostrarme ante la opinión pública como al verdadero jefe de banda criminal - me quitaron una mochila en mi declaración por riesgo de bomba- en una operación política aderezada durante años con la manipulación de la información que interesadamente se filtraba a los medios desde el juzgado y la institución denunciante, es decir, el Cabildo, hasta que afortunadamente primero fue apartado el juez de este caso, y tras las elecciones que perdió Corujo los servicios jurídicos de la institución tomaron las riendas de un caso que nunca existió”.

Para San Ginés, “causa política”

En este contexto, Pedro San Ginés apunta a la dirección estatal del PSOE como “actor necesario” de una “causa política armada por sus rivales en la isla de Lanzarote” y lamenta que “se dé pábulo a unos argumentos falsos a los que ya el propio Tribunal Supremo ha quitado toda entidad al decidir el archivo definitivo de la causa” porque, afirma el senador, “no desprenderse de la misma indicios de criminalidad contra mí”, indica el auto de archivo.

Para San Ginés, la última maniobra del PSOE refleja “su desesperación al saber que no hay nada, como así ha decidido el Tribunal Supremo” y pone el foco en la responsabilidad de una “caza política impulsada” por sus rivales en la isla de Lanzarote.

“No olvidemos que el PSOE presidía la corporación  en nombre de la cual se presentó la falsa denuncia, lo que es una evidente, palmaria y definitiva demostración de la exclusiva intencionalidad política que siempre tuvo la falsa denuncia presentada por la secretaria general insular del PSOE y hoy diputada nacional del PSOE, Dolores Corujo”, afirma el senador nacionalista, “y lo que es peor, lo hace no solo contra el criterio del Tribunal Supremo que archivó su denuncia, sino además del propio Ministerio Fiscal, que no se opuso al archivo en el Tribunal Supremo”.