La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo decidió este martes seguir las quejas presentadas por cinco ciudadanos y entidades sobre la prospección de petróleo frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura por una supuesta infracción de la legislación comunitaria en materia de hábitats, aves, aguas y evaluación de impacto medioambiental.

Los peticionarios destacan el riesgo de que posibles vertidos petrolíferos amenacen el suministro de agua de las islas y reprochan a las autoridades españolas la escasa participación ciudadana en el proceso, según informó la Eurocámara.

La Comisión Europea considera “prematuro” constatar una infracción de la legislación europea, puesto que, señala, todavía no tiene “constancia” de que el proyecto de exploración “haya sido autorizado por las autoridades en España”, con lo que muestra su compromiso de permanecer “vigilante” para asegurar el cumplimiento de las normas.

El peticionario Pedro Hernández, de El Guincho Ecologistas en Acción, alertó de que las actividades de prospección conllevan “riesgos catastróficos” y criticó que los trámites para la autorización se estén llevando a cabo sin la participación ciudadana adecuada.

“¿Por qué poner en riesgo nuestra forma de vida por una actividad que tiene fecha de caducidad y conlleva riesgos?”, se preguntó. Hernández denunció que "las autorizaciones del Gobierno español al proyecto se están llevando a cabo sin que puedan conocer los detalles los ciudadanos y además sin respetar la normativa europea de impacto ambiental".

El ecologista lanzaroteño también lamentó que la Comisión Europea, a la que dijo que llevan "dos años implorando ayuda", no esté atendiendo sus quejas y "aunque conozca el caso, mire hacia otro lado".

María del Carmen Cabrera, otra de las peticionarias, destacó que la única fuente de agua potable de las islas es el mar y advirtió de que, “ante un derrame mínimo, las potabilizadoras quedarían paralizadas”. “El binomio agua potable y petróleo es, desde mi punto de vista, imposible”, sentenció.

El eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar expresó el “rotundo apoyo” de su partido a los peticionarios y denunció el riesgo de que una futura autorización infrinja la legislación comunitaria, por lo que pidió mantener abierta la petición.

“¿Por qué poner en riesgo nuestra forma de vida por una actividad que tiene fecha de caducidad?”

El también socialista Vicente Garcés se mostró crítico con la postura del Ejecutivo comunitario: “Es necesario que la Comisión no se limite a ir sobre hechos consumados. La Comisión Europea debe ser más beligerante”, declaró.

Raül Romeva, de Los Verdes/Alianza Libre Europea, denunció que un impacto sobre el medio ambiente no sólo es posible, sino que además es irreversible, por lo que defiende aplicar el “principio de precaución”.

“El proyecto no tendría cabida ni siquiera en Estados Unidos, donde han aprendido de los errores”

Iñaki Irazabalbeitia, del mismo grupo parlamentario, destacó que el principal problema concierne a los derechos fundamentales, ya que se está poniendo en peligro el acceso al agua potable.

Willy Meyer, del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, reprochó a las autoridades europeas y a la Comisión que no se opongan al proyecto, dado que “éste no tendría cabida ni siquiera en Estados Unidos, donde han aprendido de los errores del pasado”, dijo en referencia al vertido de BP en el golfo de México en 2010.

Sólo el PP a favor

Por su parte, Gabriel Mato, del Partido Popular Europeo, confesó que no puede apoyar las “pretensiones” de los peticionarios. “Me quedo con lo que ha dicho la Comisión: no hay vulneración. Ésa es la realidad”, afirmó, antes de asegurar que los argumentos que presentan los opositores al proyecto son “en caso de accidente”, por lo que apostó por minimizar esa probabilidad.