El caso Montecarlo, que instruye el Juzgado de instrucción número 4 de Arrecife, se reactiva en noviembre después de varios meses sin que se hayan llevado a cabo declaraciones de testigos e imputados. En marzo, Aurora García, la anterior titular, dejaba el Juzgado y se trasladaba a Sevilla, y el nuevo juez decidió suspender las declaraciones ya fijadas en los meses de abril, mayo y junio.

El caso, en el que se investigan varios presuntos delitos relacionados con el uso indebido de fondos públicos y en el que están imputados empresarios, funcionarios y cargos públicos, se inició con una denuncia de un trabajador del Ayuntamiento de Arrecife y provocó varias detenciones y cerca de veinte imputados.

La investigación se dividió en cinco piezas: una que tiene que ver con el servicio de recaudación en el Ayuntamiento de San Bartolomé y cuatro con el Ayuntamiento de Arrecife. Esas cuatro piezas pertenecen a los expedientes de las empresas Tunera, Inelcon y Gesineal, y a una supuesta trama de elaboración y cobro de pliegos de contratación, cuyos servicios no se habrían prestado finalmente pero sí se habrían cobrado.

Las declaraciones se reanudan con la pieza de Inelcon y después con la de Tunera. El próximo día 6 de noviembre tendrán que declarar como imputados el teniente alcalde José  Montelongo y el ex alcalde Cándido Reguera. Dos días después lo harán el interventor y el tesorero de Arrecife. El día 11, el ex edil Lorenzo Lemaur y el ex asesor Blas Cedrés y el día 14 el técnico Miguel Ángel Leal. En diciembre seguirán las declaraciones suspendidas de otros imputados.

La trama de Inelcon, según la denuncia de Fiscalía, consiste en que entre junio de 2009 y septiembre de 2012, el Ayuntamiento de Arrecife reconoció el pago al margen del presupuesto a esta empresa de electricidad de 67 facturas que sumaban más de 700.000 euros, y cuyo abono se reconoció en un pleno extraordinario en noviembre de 2010. Entre las facturas se encuentra el pago de 250.000 euros por la iluminación de Navidad de 2011, por realizar la Cabalgata de Reyes o por talleres de carnaval.

La Fiscalía apunta al “inflado” de precios

En las contrataciones, según la Fiscalía, se producía un fraccionamiento de contratos y un “inflado” de los precios, ya que se facturaban servicios como si fueran obras y se añadían a las facturas conceptos que sólo se pueden añadir a la ejecución de obras, como el 16 por ciento de gastos generales o el 6 por ciento de beneficio industrial. Muchas de las facturas se pagaron sin informe favorable de tesorería y con informe negativo del departamento de contratación.

En esa pieza también está imputado el ex concejal de festejos, Eduardo Lasso (PIL), el técnico del área José Nieves, y el administrador de Inelcon, Carlos Lemes. La empresa, también investigada en Unión, ha facturado a Arrecife más de 7,5 millones en concepto de compras entre 2000 y 2011.