La titular del Juzgado número 5 de Arrecife, Silvia Muñoz, ha dictado un auto decretando el cierre cautelar de la bodega Stratvs, después de que el miércoles se celebrara una vista en la que tanto la Fiscalía como la acusación particular y el abogado del Cabildo solicitaron la medida.

Fuentes próximas al caso indicaron que el auto de la jueza se dictó este viernes y que desde el Juzgado se ordenó a los cuerpos y fuerzas de seguridad para que llevaran a cabo la medida cautelar del cierre de manera inmediata.

“La realidad supera a la ficción en el sentido de que es un auténtico y permanente engaño durante los últimos 15 años”. Así comenzó el fiscal Ignacio Stampa su intervención en la vista que se celebró este miércoles para decidir el posible cierre de la bodega Stratvs en La Geria.

El fiscal, que pidió el cierre cautelar de la bodega, destacó que “la primera realidad” es que se solicitó rehabilitar una vivienda y construir un almacén bodega de 900 metros cuadrados pero se demolió la vivienda, se construyó una más grande, se hizo un “restaurante clandestino”, una terraza de 500 metros y una bodega de 2.500, entre otras cosas.

El fiscal siguió enumerando ilegalidades: la bodega no está ubicada en el sitio establecido inicialmente y urbanísticamente es incompatible con la ordenación del territorio. También añadió que “incesantemente se está falseando la documentación”, que se aportaron certificaciones catastrales falsas, certificados de obra que dicen que lo construido coincide con lo proyectado cuando es falso y se confunde la titularidad de la finca.

“Lo que se está viendo no es conforme con la realidad. Jurídicamente, conforme a Derecho, (la bodega) está en otro sitio. Está construida sobre la finca de la familia Negrín”, dijo, añadiendo que el promotor no ha justificado ni un solo metro de una de las fincas catastrales aunque aparece como propietario del cien por cien.

También abordó el problema de las aguas residuales, destacando que el dueño de la bodega se comprometió hace cinco años a instalar una depurada que no está instalada. El fiscal insistió en la gravedad del delito: “Me causa cierto desasosiego -dijo- la opinión pública de que actuamos a veces de forma desigual o de forma lenta”, porque asegura que han llegado “al delito más grave”, castigado con entre 5 y 7 años y medio de prisión si la actividad funciona clandestinamente y con engaño a la Administración, así como si se han vulnerado las órdenes de suspensión de la Administración, si se ha falseado la documentación y si los vertidos causan daños al medioambiente. “Si se cierra la bodega la Justicia no va a ser responsable del desempleo de las personas que trabajan en la misma, sino la persona que jugó con fuego”, dijo.

Por su parte, la asociación Transparencia Urbanística también pidió el cierre, al igual que la acusación particular y el abogado del Cabildo, que defiende a un ingeniero imputado en el procedimiento: “Ha utilizado el suelo protegido por todos para sacar rentabilidad económica él”, dijo la abogada de Transparencia sobre el propietario de la bodega, y añadió que “La Geria representa el esfuerzo de todos y Stratvs representa la infracción”. “La permisividad del Cabildo de Lanzarote y del Gobierno de Canarias nos avergüenza  a todos”, señaló.

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