El Juzgado de lo contencioso número 2 de Las Palmas ha anulado el expediente de expulsión a Uruguay de José Morales, que participaba en diferentes movimientos sociales en Lanzarote, tras su asistencia a una multitudinaria protesta a las puertas de la sede del PP en la Isla coincidiendo con la visita del ministro de Industria, José Manuel Soria.

La protesta, contra la autorización para perforar el subsuelo marino frente a las costas de Lanzarote en busca de petróleo, se produjo en abril de 2012 y Morales fue detenido tres meses después, subido a un avión y expulsado del país.

La Delegación del Gobierno, dirigida por María del Carmen Hernández Bento, del Partido Popular, le acusó de alteración del orden público. A otros seis participantes en la protesta la policía le impuso multas de 300 euros.

Ahora, la Justicia ha dado la razón a Morales y ha anulado el expediente de expulsión dictado por la Delegación del Gobierno, que conllevaba que no podía entrar en territorio español durante un periodo de cinco años, a pesar de tener una hija de corta edad que reside en Lanzarote.

A Morales, como “extranjero”, se le atribuyeron  “actividades contrarias al orden público” y se le llegó a acusar no sólo de participar en la protesta sino también de ‘abalanzarse’ contra el ministro e ‘incitar’ al resto de participantes.

La jueza Esperanza Ramírez destaca que “en este caso, desde luego ni se motiva la opción de la expulsión ni entiendo que dicha expulsión sea proporcionada a los hechos acaecidos, por cuando los mismos no pueden salir del encuadre de una protesta frente a lo que se considera perjudica los intereses también de la generalidad”.

“Tampoco entiendo que el comportamiento en sí atente contra la seguridad ciudadana sin perjuicio de que tampoco sea susceptible de ser alabado”, añade la jueza, quien resalta que “en ningún caso” se “justifica la expulsión sin más” de Morales.

La jueza considera que la expulsión "en ningún caso" se motiva ni justifica, ni es "proporcionada"

La misma jueza ya había anulado, en febrero del año pasado, la medida cautelar de enviar a Morales a su país de origen mientras se estaba tramitando el expediente sancionador por la Delegación del Gobierno.

Un colectivo de apoyo a Morales considera que la sentencia “deja en evidencia la clara persecución política de las autoridades de la Delegación del Gobierno español sobre este activista”, que denunció “la ilegalidad de su detención y posterior traslado a Uruguay atado de pies y manos literalmente, siendo ingresado por la fuerza al territorio uruguayo, a manos de un funcionario de Interpol en el aeropuerto de Carrasco”.

“Con este fallo favorable al activista uruguayo”, recuerdan, “queda abierta la instancia judicial de demandar a la Administración y sus responsables por todos los daños y perjuicios ocasionados a este ciudadano”.