La gestión de la empresa pública de aguas Inalsa desde hace más de veinte años está bajo la lupa de la Fiscalía. Una denuncia de Alternativa Ciudadana ha logrado que se comience a investigar lo que parecía que nunca se iba a investigar y que puede acabar revelando los detalles del porqué la empresa acabó con una deuda superior a cincuenta millones de euros.

En Inalsa hubo algo más que mala gestión. La denuncia de la Fiscalía, tras la petición de Alternativa Ciudadana, que está barajando la posibilidad de presentarse como acusación popular, ha caído en el Juzgado número 4 y se ha convertido en las diligencias 1.553/2015. En ella se pedía que se investigaran diversas épocas, desde 1991 hasta 2012, y varios hitos en la empresa, incluida la adjudicación del concurso a Canal Gestión.

La Fiscalía ya ha solicitado que se practiquen distintas diligencias y ve varias irregularidades, así que la investigación no ha hecho más que comenzar. La Fiscalía de Las Palmas ha solicitado que se realicen diversas periciales para averiguar por qué existen irregularidades en la facturación y el cobro de clientes y en el desbalance en la valoración de los recambios y accesorios en el almacén entre los años 2005 y 2007.

Estos hechos afectarían al periodo de gestión en que estaba al frente de la empresa Mario Pérez (CC) y la Fiscalía quiere aclarar si el dinero invertido en las reparaciones tuvo el destino que debía tener, para lo que solicita las facturas, órdenes de trabajo y personal que llevó a cabo esas reparaciones.

La auditora Ernst &Young había hecho constar, según la Fiscalía, “irregularidades contables” por importes cada año de entre 242.000 y 320.000 euros y destaca que Inalsa no adoptó medidas para aclarar el destino de esos fondos, que son considerados caudales públicos.

También pone la lupa en la bajada de las tarifas que se produjo en diciembre de 2003 y que supuso un quebranto para la empresa de siete millones de euros. Según la Administración concursal, fue el consejero delegado de Inalsa quien aprobó esa modificación cuando la competencia para cambiar los precios residía en el pleno del Cabildo.

Entre las medidas que ha pedido el fiscal se encuentra la petición al Juzgado de lo mercantil de que se reabra la pieza de calificación del concurso de acreedores, lo que podría suponer que se responsabilizara de la quiebra a los últimos administradores y que tuvieran que responder con su patrimonio.

También se pretende aclarar si el hecho de no contabilizar a tiempo el laudo arbitral que obligaba a pagar a la empresa de aguas 12 millones de euros a FCC por rescindir el contrato de la potabilizadora de Janubio fue determinante en que la empresa llegara a concurso de acreedores por responsabilidad propia.

Además se ha pedido a la Audiencia de Cuentas que informe sobre la legalidad del pago de la deuda de Inalsa por parte del Consorcio tras la adjudicación del ciclo integral a Canal Gestión, ya que existía un informe negativo por parte del departamento de Intervención del Cabildo y el presidente Pedro San Ginés solicitó dos informes externos que, según la Fiscalía, no sirven para saber si la fórmula utilizada para pagar la deuda de la empresa pública vulnera algún precepto legal.

En el periodo entre 1991 y 1996 también se han detectado irregularidades graves porque hay un canon que Inalsa pagaba al Consorcio y del que no está justificada ni su existencia ni su contabilidad. En esos años se pagaron 1,3 millones de euros sin que se sepa adónde fue ese dinero. El Consorcio reconoció que existía el canon y posteriormente negó su existencia. La Fiscalía habla de “movimientos monetarios injustificados contablemente y ajenos a cualquier tipo de control”.

Gastos millonarios durante la quiebra

En plena quiebra, cuando la empresa estaba en proceso concursal, los administradores nombrados por el juez cobraron casi dos millones de euros. Dos de ellos, Pablo de la Vega y Pedro Martín Toledo cobraron casi 650.000 euros y esa misma cantidad es la que se repartieron Hernández Gil y Sánchez Marichal entre 2009 y 2013.

La empresa de aguas gastó 2,5 millones en abogados y administradores en plena quiebra

Además de estas cantidades, gastaron otro medio millón más en asesores jurídicos, laborales y abogados, cuando la labor de los administradores concursales consiste en cubrir este tipo de servicios. En el periodo en que estuvieron al frente estos administradores la empresa aumentó su deuda en unos 17 millones, ya que comenzó el proceso concursal con cerca de cuarenta millones y acabó con unos 56.

Entre 2011 y febrero de 2014, los gastos en abogados y asesores fueron de casi medio millón, de los que casi una tercera parte los cobró Juan Luis González (150.000) por los distintos pleitos relativos al laudo de Janubio, que acabó perdiendo todos. Los asesores jurídicos y laborales cobraban una cantidad fija mensual mientras que Ignacio Calatayud, asesor de la presidencia del Cabildo, cobró 84.000 euros como retribución por su intervención en la fase de convenio del concurso. A este dinero hay que sumarle, en el mismo periodo, otros 100.000 euros que cobró del Consorcio del Agua por su representación en varios pleitos judiciales.