El agente indultado por el Gobierno central tras ser condenado por contemplar una agresión sexual en un tren riéndose, mientras grababa en vídeo, no será expulsado del cuerpo. El guardia civil está destinado en el puesto de Puerto del Carmen, en Lanzarote.

Así lo afirma en un comunicado publicado en su página web la Unión de Guardias Civiles (UGC), a quien se lo habría comunicado la Dirección General del cuerpo.

El mismo recuerda que pesar del indulto parcial, Manuel Arbesú aún tiene pendiente un expediente abierto en el cuerpo por una falta muy grave y que podría suponer la pérdida del puesto, pero reconoce que previsiblemente este se saldará con una suspensión de empleo y sueldo de entre tres a seis meses.

Desde la UGC esgrimen que "no es proporcional que al autor de la agresión le hayan caído 1.080 euros de multa y al agente que estaba con él, por no evitarla, se le expulse del cuerpo. Es una barbaridad jurídica".

Además, insisten en que hay que distinguir el ejercicio de la profesión con la vida privada y aunque reconocen que lo que hizo el agente, según la sentencia "mofarse mientras su amigo realizaba tocamientos y profería frases groseras a la víctima, de sesenta años y lo grababa en vídeo", "no se puede pretender que lo denunciemos todo".

"El agente estaba de vacaciones y a 2.000 kilómetros de su destino", justifica el abogado de la asociación Juan José Del Sol, según el comunicado.

En esta línea, desde la Unión de Guardias Civiles  se suman a la idea de que el agente ha sido sometido a un escarnio público, "sólo por el hecho de ser hijo de un concejal del PP y haber querido, algunos, politizar este asunto". De no ser así "no hubiera trascendido".

De hecho, la UGC también plantea acabar con las expulsiones derivadas de las inhabilitaciones. "A un juez se le inhabilita por un tiempo, y cuando termina, vuelve a ejercer, pero nosotros perdemos el trabajo para siempre", asegura Ramón Rodríguez, secretario general de la UGC-Asturias.