El Gobierno de Canarias va a abrir, de forma inminente, un nuevo periodo de alegaciones al proyecto para instalar más de medio centenar de jaulas marinas entre Arrecife y el Aeropuerto César Manrique-Lanzarote, ocupando de lleno el litoral de Playa Honda.

Sin embargo, a las alegaciones que se presenten no dará respuesta, como ha sucedido hasta ahora, la Consejería de Pesca, que ha venido rechazando las impugnaciones presentadas por las instituciones de la Isla y por entidades sociales y empresariales, sino los servicios jurídicos vinculados a Presidencia del Gobierno de Canarias.

También se pronunciará el Consejo Consultivo de Canarias en relación a la competencia en materia de acuicultura, que el Cabildo de Lanzarote considera propia desde la aprobación del Estatuto de Autonomía de 2018.

Así se lo ha avanzado el presidente Ángel Víctor Torres a los asistentes a un encuentro para abordar, de forma específica, el proyecto presentado por la empresa Yaizatún para implantar 56 jaulas marinas en una lámina de agua con una superficie global de 1,4 millones de metros cuadrados.

Torres ha defendido este lunes en Lanzarote que en el Gobierno, “políticamente”, sostienen que la acuicultura debe ser un ámbito de decisión de cada cabildo y que su postura como presidente de la comunidad autónoma dependerá de la posición de cada Isla. “Si dijeran sí, sería sí. Si dicen no, es no”.

El encuentro del presidente del Gobierno con organizaciones empresariales, deportivas y sociales se produce después de que este mismo mes de abril estas entidades hayan recibido resoluciones del viceconsejero de Sector Primario, Álvaro de la Bárcena, denegando suspender el expediente para la instalación de jaulas en el litoral de Playa Honda.

Los colectivos sociales y empresariales exigieron parar el “atropello” que en su opinión supondría instalar jaulas de acuicultura en una zona del litoral de la Isla muy utilizada para actividades náuticas y con presencia de sebadales.

Torres afirma que su postura como presidente de la comunidad autónoma dependerá de la posición de cada Isla: “Si dijeran sí, sería sí. Si dicen no, es no”

La mala experiencia de Playa Quemada, donde quedan todavía siete jaulas, con episodios de contaminación denunciados por el Ayuntamiento de Yaiza, ha hecho saltar las alarmas en la Isla. En el último Consejo de la Reserva de la Biosfera, además de la posición unánime en contra de las jaulas, los sindicatos apelaron a “salir a la calle” con movilizaciones ciudadanas.

Torres dio a entender este lunes que, en pleno periodo previo a las elecciones, habrá organizaciones que vengan a la Isla a “alarmar”. Con la hoja de ruta trazada desde el Gobierno de un nuevo plazo de alegaciones -al haberse producido deficiencias en el anterior, abierto el pasado enero, ya que inicialmente el proyecto se tenía que consultar en Gran Canaria- y con la petición de dictamen al Consejo Consultivo, se espera que el actual expediente de Yaizatún no prospere.

“Cambiar el PROAC lleva años”

Por ahora la única discusión radica en qué administración pública es la competente para tramitar las solicitudes empresariales para instalar jaulas: si el Gobierno regional o el Cabildo de Lanzarote. Cuestionado por si el Gobierno había valorado la modificación del Plan Regional de Ordenación de Acuicultura (PROAC), que es el que define las zonas para las jaulas, el presidente respondió: “Cambiar el PROAC lleva años”.

Por el momento, el foco está puesto en “despejar” la “diatriba jurídica” entre el Gobierno y el Cabildo sobre la institución competente en acuicultura. Torres reconoció que en un informe de sus servicios jurídicos se admite que los cabildos pueden ser los competentes en acuicultura. Mientras que desde el Cabildo se entiende que la competencia es insular desde que entró en vigor el Estatuto de Autonomía, la posición del Gobierno es que sería necesario un proceso de traspaso.