El Gobierno de Canarias prevé iniciar este año el desarrollo de los parques eólicos adjudicados en el concurso de 2007 sin recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que, gracias a un recurso de Insular de Aguas de Lanzarote (Inalsa), declaró ilegal la adjudicación y anuló el reparto de los megavatios.

El Gobierno ha señalado que aplicará los criterios apuntados por los jueces para corregir sus decisiones. Inalsa recurrió la asignación después de quedarse fuera del reparto y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias le dio la razón cuando reclamó que se le había excluido en base a un error del Gobierno en la evaluación de los proyectos.

"Tendremos que volver a valorar los proyectos, pero inmediatamente resolveremos", aseguró la consejera de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno canario, Francisca Luengo (PSOE), que, como responsable última del asunto, explicó que el Ejecutivo ha decidido no recurrir la sentencia, como barajaba hacer, "para no retrasar más el desarrollo de estas energías".

La consejera expuso la tesis de que la sentencia solo obliga a revisar la adjudicación en relación a algunos de sus parámetros. El Ejecutivo apostará por esa alternativa desde la opinión de que esa será una solución más rápida que la de acudir al Tribunal Supremo para oponerse a esa sentencia, declaró Luengo.

"El juez lo que dice en la sentencia es que, en la comisión técnica, en su momento, hubo tres parámetros que no se valoraron adecuadamente" y que, por ello, el error cometido entonces se podrá subsanar de la forma más ágil posible revisando el resultado del concurso.

Desde el Gobierno se insistió en que el trámite que resta en la actualidad, una vez que se ha decidido no recurrir la sentencia, "es muy fácil", porque repetir la evaluación de los proyectos presentados al concurso de acuerdo a los nuevos criterios es una tarea que se podrá llevar a cabo "en muy poco tiempo".

Luengo considera que esta medida permitirá "resucitar el sector" de las energías renovables en las Islas, unido al hecho de que el Gobierno canario haya negociado con el Ministerio de Industria que a las empresas que las producen se les pague en el Archipiélago una tarifa de 84 euros por megavatio, pese a que el precio, en principio, iba a ser menor.

Parques eólicos en Lanzarote

La adjudicación de los parques eólicos ahora anulada se produjo en junio de 2009 y fue impugnada por Inalsa tras haberse quedado fuera del concurso. Ya en aquel entonces, la empresa pública advirtió que el Ejecutivo regional había cometido un error al excluir sus solicitudes alegando que los aerogeneradores no cumplirían la distancia mínima entre sí.

El TSJC anuló la orden del Gobierno canario que dio las autorizaciones para instalar 37 megavatios en Lanzarote a las empresas Gas Natural, Endesa y Sayago. Sin embargo, no acepta por completo el recurso de Inalsa, que quería que sentenciase su derecho a instalar parques eólicos. Tendrá que esperar por el nuevo reparto del Gobierno regional.