La Consejería de Obras Públicas y Política Territorial del Gobierno de Canarias considera que no es posible comprobar, con los documentos que obran en poder de esa Consejería, si las parcelas de uso comercial del plan parcial La Bufona están o no afectadas por la línea límite de edificación o se encuentran en zona de dominio público de carreteras.

En un informe del pasado 14 de octubre firmado por el Jefe del servicio técnico de planeamiento urbanístico, Jesús Luna, la Consejería evita pronunciarse sobre la petición realizada por Eduardo Murillo, propietario de terrenos en ese plan parcial, que alega que parte de ese suelo, donde se prevé construir un centro comercial promovido por Supermercados Marcial, pertenecería al Gobierno de Canarias que debía haberlo expropiado para llevar a cabo el desdoblamiento de la carretera LZ-2.

Luna argumenta, para no pronunciarse, que las cinco parcelas comerciales están acotadas interiormente, según los documentos que hay en la Consejería, pero no respecto al viario que las circunda ni a la carretera LZ-2.

También pone como excusa que el plan parcial se aprobó en 1981, con anterioridad al desdoblamiento de esa carretera y que en sus planos solo se refleja la antigua carretera.

Señala que los planos de esa urbanización están a una escala 1/500 mientras que los planos, con la carretera incorporada, que aporta el interesado para su comparación, están en una escala 1/1.000 y que no es posible la superposición de ambos documentos al no tener la misma escala.

Según las alegaciones de Murillo al proyecto de centro comercial, unos 4.000 metros de los 7.350 que compró Supermercados Marcial formarían parte del dominio público. Los promotores del plan parcial, en lugar de ceder estos terrenos al Gobierno, los habrían vendido a la empresa de supermercados.