El Gobierno de Canarias decretó el 22 de mayo la “inmediata” clausura de la planta desaladora privada de la empresa Club Lanzarote en la urbanización de Montaña Roja, en Playa Blanca,  por haber cometido una infracción muy grave.

El acuerdo fue adoptado por el Consejo de Gobierno de Canarias tras el informe de la comisión de secretarios generales técnicos, que resolvieron por unanimidad.

La sanción a la empresa incluye una multa de 300.000 euros por infracción administrativa muy grave por actuar sin título administrativo, sin licencia para producir y vender agua.

En la resolución del Gobierno "se desestiman las alegaciones realizadas por la entidad Club Lanzarote” sobre la base de  que "el suministro de agua potable a los ciudadanos es un servicio público esencial de titularidad municipal".

Además, el decreto subraya que "es jurisprudencia reiterada que el ejercicio de una actividad sin autorización o concesión tiene consecuencia inmediata la clausura".

Del mismo modo, el Gobierno resalta que “la apertura clandestina de establecimientos comerciales e industriales o el ejercicio sin la necesaria licencia de actividades obligan a adoptar de plano y con efectividad inmediata, la medida cautelar de suspender la continuación de las obras, clausurar el establecimiento o paralizar la actividad”.

El decreto también resuelve "los hechos constitutivos de infracción muy grave consistentes en la producción de agua para el autoconsumo y en la venta de agua a terceros sin título habilitantes para ello generando un perjuicio al dominio público hidráulico".

Devolver el beneficio

Además, el decreto del Gobierno de Canarias "declara como medida de restablecimiento de la legalidad la restitución del beneficio ilícitamente obtenido, cuya cuantía se liquidará en un procedimiento complementario, una vez se haya concluido el presente procedimiento sancionador".

Más detalles

PREOCUPACIÓN. El presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés afirmó que "el Gobierno está muy preocupado por el desabastecimiento que supondría la clausura de la planta, no solo para los 5.000 vecinos de la zona, sino para la decena de hoteles que se nutren de esta planta ilegal”.

ABASTECIMIENTO. San Ginés ha señalado que el propio decreto del Gobierno de Canarias “determina que en todo caso debe quedar garantizado el abastecimiento, para cuyos efectos se adoptarán por el Consejo Insular de Aguas de Lanzarote”.