La Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad ha logrado aflorar fraude fiscal por importe de 160 millones de euros durante 2013, según informó en sede parlamentaria el consejero de Economía, Hacienda y Seguridad, Javier González Ortiz.

De esta cantidad, unos 105 millones son consecuencia de las actas de inspección y de comprobación relacionadas con los tributos del IGIC y del AIEM vinculados a la importación, mientras que los 55 millones restantes están asociados a los impuestos cedidos y al IGIC afecto al consumo de bienes y servicios.

Para el consejero, "la lucha contra el fraude fiscal es una demanda social y una obligación de las administraciones públicas porque perseguimos unos comportamientos insolidarios que afectan a la financiación de los servicios públicos esenciales y distorsionan la actividad económica".

González Ortiz ha resaltado que este afloramiento ha sido posible gracias al "esfuerzo realizado en recursos económicos y humanos" junto "a la creciente coordinación con el resto de administraciones y entidades privadas y a la continua aplicación de nuevas medidas".

"Unas actuaciones -dijo el consejero- que hacen hincapié no sólo en el ámbito de la persecución sino en la prevención y en el impulso al cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias".

Sobre este último aspecto, señaló avances como el incremento significativo de los trámites que pueden realizarse a través de la sede electrónica de la Consejería, ahorrando así desplazamientos y costes de gestión, o la apertura el pasado año de nuevas oficinas de atención al ciudadano.

En esta misma línea destacó el refuerzo de unos 100 efectivos destinados durante 2013 a la Dirección General de Tributos y el pago telemático del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados así como el de Sucesiones y Donaciones que ya es posible efectuar desde las notarías donde los contribuyentes realizan sus operaciones.

En cuanto a la persecución del fraude fiscal, González Ortiz calificó de "fundamental" la colaboración desarrollada con entidades privadas, como los colegios profesionales y asociaciones empresariales, así como con diferentes organismos públicos, especialmente con la Agencia Estatal Tributaria, los cuerpos y fuerzas de seguridad, la Tesorería de la Seguridad Social, los cabildos y los ayuntamientos.

Sobre la entidad estatal informó de que Canarias es la comunidad autónoma de España con mayor número de actuaciones conjuntas de inspección tributaria con la citada agencia liderando además el volumen de intercambio mutuo de información.

Agencia Tributaria Canaria

Por otra parte, el consejero también aludió a la próxima creación de la Agencia Tributaria Canaria, un órgano "que supondrá un sustancial avance en la mejora de la gestión recaudatoria y en la lucha contra el fraude fiscal".

Esta agencia conllevará un nuevo modelo de organización basado en la consecución de objetivos, que desarrollará la gestión, recaudación, liquidación, inspección y la potestad sancionadora de los tributos propios, los cedidos y los derivados del Régimen Económico y Fiscal (REF).