El fiscal del caso Montecarlo, Ignacio Stampa, ha solicitado que en la pieza relativa al Ayuntamiento de San Bartolomé, en la que ya ha presentado el escrito de acusación, se adopten “medidas cautelares” contra los cinco acusados para asegurar el pago de las indemnizaciones y multas.

En total, la Fiscalía pide que Carlos Sáenz, José Vicente Montesinos, Luis Manuel Rodríguez, Miguel Martín y Javier Betancort, pongan a disposición del Juzgado más de 2,9 millones de euros, o bienes que puedan ser embargados, “con el fin de hacer frente a las responsabilidades pecuniarias derivadas de los delitos”.

Esos casi tres millones de euros se corresponden con las indemnizaciones y multas a las que podrían tener que hacer frente cada uno de los acusados “más un tercio de su importe”. A Carlos Sáenz le corresponden 971.815 euros, a Montesinos 872.588 euros, a Rodríguez 525.921 euros, a Miguel Martín 311.432 euros y a Javier Betancort 282.599 euros.

En el escrito de acusación, al interventor, Carlos Sáenz, y al empresario José Vicente Montesinos, administrador de Progestril y Recingest, empresas que percibieron del Ayuntamiento de San Bartolomé de forma irregular 394.440 euros, la Fiscalía pide que se les condene, a cada uno de ellos, a una multa de 260.000 euros.

En el caso de Sáenz, el fiscal reclama que indemnice al Ayuntamiento de San Bartolomé con 74.420 euros, la cuantía que supuestamente cobró de más del Consistorio con respecto a la remuneración que le correspondía por compatibilizar el cargo con el de interventor del Ayuntamiento de Arrecife.

De las arcas del Ayuntamiento de San Bartolomé salieron de forma irregular 468.860 euros

El Ministerio Fiscal también solicita en su escrito de acusación que los cinco acusados devuelvan de forma “solidaria” los 307.440 euros “indebidamente” abonados a la empresa Progestril. Sáenz, Montesinos y Rodríguez responderían solidariamente del total, mientras que el límite para Miguel Martín serían 197.574 euros y para Javier Betancort 130.949 euros.

En cuanto a las cantidades percibidas por la otra empresa investigada, Recingest, la Fiscalía propone que Saénz, Montesinos y Rodríguez respondan solidariamente por los 87.000 euros que cobró del Ayuntamiento de San Bartolomé, Javier Betancort por un máximo de 81.000 euros y Miguel Martín por hasta 36.000 euros.