La asamblea del Consorcio del Agua de Lanzarote, compuesta por el Cabildo y los ayuntamientos, decidió este lunes la resolución del contrato de concesión de los servicios de abastecimiento de agua, saneamiento y reutilización en Lanzarote y La Graciosa, formalizado con Canal Gestión Isabel II.

La sesión, de carácter extraordinario, se celebró en el Salón de Plenos del Cabildo de Lanzarote y tanto el Cabildo como los ayuntamientos, de distinto signo político, respaldaron la resolución del contrato y el secuestro temporal del servicio.

El Consorcio del Agua de Lanzarote había decidido continuar el procedimiento para la resolución del contrato con Canal Gestión tras no prosperar las negociaciones para la cesión de la gestión del servicio a una tercera empresa dentro de los plazos establecidos.

Cabe recordar que se concedieron dos periodos consecutivos de tres meses para facilitar dicha cesión sin que se alcanzara un acuerdo.

El procedimiento de resolución se enmarca en el acuerdo adoptado por el Consorcio hace un año, motivado por incumplimientos detectados en la ejecución del contrato, especialmente en conservación de infraestructuras, reparación de fugas y averías y ejecución de inversiones comprometidas.

Una vez la asamblea adoptó este lunes el acuerdo de resolución del contrato, se tiene que remitir al Consejo Consultivo de Canarias, que deberá emitir el informe preceptivo en un plazo máximo de 40 días.

Asimismo, la asamblea acordó por unanimidad la “intervención temporal del servicio público del ciclo integral del agua en Lanzarote y La Graciosa como medida cautelar”, vinculada a la resolución del contrato con Canal.

El acuerdo se adoptó por unanimidad pese a que el Partido Popular había pedido que se dejase sobre la mesa, una petición que ha desoído Coalición Canaria, socio de gobierno del PP en Cabildo, Arrecife y Teguise.

En el caso de Arrecife, el representante que acudió a la asamblea del Consorcio fue Echedey Eugenio, teniente de alcalde y portavoz de Coalición Canaria, en vez del alcalde Yonathan de León (PP).

Según una providencia firmada el 1 de abril por el presidente del Consorcio, la medida se basa en un informe técnico-administrativo que concluye que “concurren de forma clara los presupuestos” para adoptar esta medida, al apreciar una “perturbación grave del servicio” y “incumplimientos contractuales imputables al concesionario”.

El informe añade que estos incumplimientos “ocasionan una perturbación grave del servicio y causan lesiones a los intereses de los usuarios y del Consorcio”.

Asimismo, señala la existencia de deficiencias en la conservación de las instalaciones y que las medidas ordinarias resultan insuficientes, por lo que la intervención administrativa es “no solo posible, sino obligada” para garantizar la continuidad del suministro.

El Consorcio ha indicado que el expediente tiene como objetivo “restablecer la estabilidad operativa del sistema hidráulico, asegurar el suministro y corregir las disfunciones detectadas en la gestión”.