El Consejo de Gobierno del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa aprobó el pasado miércoles 28 de octubre el II Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres para el periodo 2026-2030. Este marco de planificación, de obligada elaboración para las administraciones públicas conforme a la disposición adicional séptima del Estatuto Básico del Empleado Público, culmina así su fase de tramitación administrativa tras ser respaldado por la unanimidad de las representaciones sindicales de la Mesa General de Negociación: Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (SEPCA), Unión General de Trabajadores (UGT), Comisiones Obreras (CCOO) y Confederación Intersindical Canaria.

El presidente del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa, Oswaldo Betancort, destacó la importancia del diálogo social para alcanzar un acuerdo: "la aprobación de este II Plan de Igualdad responde al desarrollo normativo necesario para regular las condiciones de la plantilla de esta institución. El texto definitivo es el reflejo del trabajo coordinado en las mesas sectoriales, donde la administración y los legítimos representantes de las trabajadoras y trabajadores han acordado por unanimidad los objetivos y las medidas preventivas que guiarán la gestión del personal en los próximos cuatro años".

Por su parte, el consejero del Área de Recursos Humanos, Miguel Ángel Jiménez, detalló que "el documento incorpora una auditoría retributiva y un sistema de valoración de puestos de trabajo basado en el método analítico de puntos por factor, lo que garantiza la aplicación objetiva del principio de igual retribución por trabajos de igual valor, desglosado por grupos profesionales. Asimismo, se dota a la corporación de dos herramientas específicas e independientes: el Protocolo frente al Acoso Sexual y el Protocolo frente al Acoso por Razón de Sexo, que establecen canales de comunicación confidenciales y comisiones instructoras paritarias".

Análisis diagnóstico y clasificación profesional

El plan viene precedido de un informe diagnóstico elaborado sobre los datos de la plantilla del ejercicio 2025 reflejan un 53,91% de mujeres y un 46,09% de hombres. Los datos cuantitativos reflejan una presencia equilibrada en términos globales, situándose el promedio de edad total de los trabajadores en los 47 años. El análisis de la estructura organizativa muestra que las posiciones de máxima responsabilidad técnico-económica de la institución, tales como la Intervención y la Jefatura del Órgano de Gestión Tributaria, se encuentran actualmente ocupadas por mujeres, lo que determina la ausencia de brechas verticales en los niveles superiores de habilitación nacional.

No obstante, el plan prevé la aplicación de itinerarios de capacitación y protocolos de acogida para los puestos donde un sexo se encuentre infrarrepresentado.

Medidas de conciliación y salud laboral

En el ámbito de las condiciones de trabajo, la ordenación revisa el catálogo de medidas de conciliación personal, familiar y laboral. Entre las principales previsiones técnicas, se introduce el acotamiento de la disponibilidad digital en la modalidad de teletrabajo a las franjas de interconexión estrictamente necesarias.

Y en materia de salud laboral y protección social, se dota de continuidad a las mejoras sanitarias del pliego preventivo, como el cribado mamográfico para empleadas de entre 45 y 50 años. El texto consolida además el marco de protección interna para las empleadas públicas víctimas de violencia de género, regulando la prioridad en el acceso al teletrabajo y la articulación de medidas específicas de acompañamiento laboral y soporte asistencial confidencial. Tras la aprobación del Consejo de Gobierno, el plan y sus protocolos serán remitidos al Registro de Planes de Igualdad de las Administraciones Públicas y publicados en el Portal de Transparencia de la Corporación.

Con la ratificación de este documento, la corporación insular consolida un modelo de gestión pública moderna que entiende la equidad no sólo como un imperativo legal, sino como un compromiso institucional irrenunciable. La aprobación unánime de este plan estratégico sienta las bases para blindar la diversidad, potenciar la conciliación real y asegurar entornos de trabajo completamente inclusivos y libres de discriminación, dando un paso firme hacia adelante en la modernización y la justicia laboral dentro de la administración pública.