El Cabildo de Lanzarote ha reforzado el control de las conductas que atentan contra el entorno natural de la isla. La corporación aumentó los expedientes sancionadores, pasando de 250 en 2024 a 305 en 2025, un aumento del 22 por ciento. En lo que va de 2026, la Unidad de Agentes Medioambientales ya ha procesado 130 nuevas denuncias, además de endurecer las normativas de conservación por acceder a zonas prohibidas y multas de hasta 4.500 euros sobre infracciones graves en zonas de alta sensibilidad ecológica.

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, destaca que "el compromiso con la sostenibilidad de la Reserva de la Biosfera es inquebrantable". "Garantizar la conservación de la biodiversidad es una prioridad política absoluta, asumida mediante el aumento real de los recursos de vigilancia y concienciación sobre el terreno, además de reforzar las sanciones", resaltó.

Por su parte, el consejero de Medio Ambiente y Reserva de la Biosfera, Samuel Martín, explicó que "esta intensa labor de inspección y la apuesta por reforzar el servicio buscan agilizar la protección del territorio". Martín subraya que "se ha logrado duplicar de forma permanente la plantilla de la Unidad de Agentes Medioambientales, que actualmente cuenta con diez profesionales en activo". "Cuando llegamos al gobierno insular nos encontramos con una situación difícil de justificar: Lanzarote y La Graciosa seguían arrastrando un Plan Insular de Ordenación del Territorio del año 1991, manifiestamente obsoleto y sin capacidad de responder a los desafíos actuales. Peor aún, el conocido Plan de Ezquiaga, que costó más de 600.000 euros y recogía amplios consensos sociales, fue literalmente tirado a la basura en la pasada legislatura".

Cambio en la tipología de denuncias

Según Martín, "las normas territoriales no son simples documentos administrativos: son herramientas básicas para proteger el territorio, ordenar los usos y garantizar que el desarrollo de Lanzarote y La Graciosa aúne la conservación de nuestro patrimonio y la calidad de vida de los que vivimos aquí".

En esta línea, los datos oficiales revelan un cambio de tendencia en las denuncias tramitadas. Mientras que en 2025 el urbanismo ilegal en suelo rústico lideró las estadísticas con el 32,1 por ciento de los expedientes, en 2026 las conductas vinculadas a vehículos, como el estacionamiento ilegal y la circulación fuera de las pistas habilitadas, se han convertido en la primera causa de sanción en la isla, con un 40,8 por ciento de la actividad infractora detectada.

Esta presión se evidencia especialmente en el auge de las excursiones turísticas de buggies en suelo rústico. El consejero Samuel Martín recordó que "estos vehículos tienen prohibido circular por los espacios naturales protegidos en vías no asfaltadas". La firmeza de los agentes se tradujo recientemente en una sanción administrativa grave de 4.500 euros a una empresa de turismo activo en el Monumento Natural de Los Ajaches. Además, en colaboración con el Seprona de la Guardia Civil, se inició otro expediente contra una caravana de seis buggies en el Barranco de Las Piletas, en Guatiza, por transitar sin autorización por un área crítica de reproducción de avifauna endémica en peligro de extinción, afectando directamente a los hábitats del guirre, el cernícalo majorero y la lechuza majorera. Martín alertó que el Cabildo "ya estudia la viabilidad jurídica de prohibir estas excursiones por motivos ambientales y por los daños que causan al sector agrícola tradicional de enarenados al asfixiar la planta".

Vigilancia extrema de espacios protegidos

El rigor sancionador también se ha intensificado en otros puntos de máxima fragilidad de la isla. En el Parque Natural de Los Volcanes se han ejecutado multas de 1.800 euros por ascensos ilegales a cráteres de protección integral como Pico Partido, el Volcán del Cuervo o la Montaña de El Golfo, además de aplicarse sanciones de hasta 360 euros por estacionar fuera de las zonas autorizadas.

En La Geria, el uso de drones sin autorización se ha saldado con multas de entre 360 y 600 euros, destacando una propuesta de sanción de 3.001 euros a un infractor que realizó un descenso con esquíes por una montaña protegida. Por su parte, el Parque Natural del Archipiélago Chinijo concentra multas de 150 euros por acampadas ilegales en la Playa de Bajo Risco, sanciones de 90 euros por hacer fuego y multas de hasta 900 euros por circular en bicicleta fuera de los senderos habilitados. En la Reserva de La Corona, los dispositivos especiales contra el acceso no autorizado al Jameo de la Puerta Falsa acumulan múltiples sanciones individuales de 120 euros.