El Cabildo de Lanzarote ha enviado un compromiso de confidencialidad a sus trabajadores, que estos deben firmar y registrar. Con la firma de ese documento, los trabajadores se comprometen a no revelar a personas ajenas al Cabildo, sin consentimiento, la información a la que hayan tenido acceso en el desempeño de sus funciones laborales.

Se especifica que solo podrán disponer de esta información de la forma que exija el desempeño de sus funciones y no con otra finalidad, y con las excepciones previstas en la ley o si son solicitados para ellos por la autoridad competente.

Los trabajadores no podrán no utilizar cualquier información que hayan podido obtener “prevaliéndose de su condición” ni en beneficio propio o privado. Deben cumplir la normativa de protección de datos y seguir cumpliéndola aún cuando la relación laboral hubiera quedado extinguida.

También especifica el documento que, en caso de que se derive responsabilidad frente a terceros, o cualquier sanción por el incumplimiento de este compromiso, el trabajador deberá resarcir al Cabildo con sus bienes “de los daños que provoque su incumplimiento culpable y doloso”.

El documento especifica que se basa en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Ese artículo advierte del “deber de confidencialidad” para los “responsables y encargados del tratamiento de datos así como todas las personas que intervengan en cualquier fase”. También se hace a los deberes recogidos en el Estatuto de los Trabajadores.

La consejera de Bienestar Social y Nuevas Tecnologías del Cabildo de Lanzarote, Isabel Martín Tenorio, señala que este tipo de compromisos son normales en la empresa privada y también en la pública, y que en el Cabildo “aún no se había hecho”. El proceso se está llevando a cabo con una empresa especializada en protección de datos y una aplicación.

Martín Tenorio destaca que se deben preservar tanto los datos personales como otros y destaca la importancia de custodiar una gran cantidad de datos que afectan a personas que trabajan con el Cabildo o tienen expedientes, procedimientos administrativos o facturas de cualquier tipo en esa institución.

Destaca que se trata de una “formalidad” y que no responde a ninguna situación concreta que haya ocurrido. Asegura que es una manera de proteger la información y dice que el acceso a la información “es público pero hay que identificarse en el procedimiento para obtener esa información”.

También señala que había una preocupación entre los servicios técnicos por el acceso a todos estos datos o por un posible ataque informático o filtración. Respecto a la posibilidad de que los trabajadores respondan con su patrimonio, señala que es la Ley la que rige los actos de confidencialidad . “Tiene que haber un rigor que hasta ahora no se había planteado”, asegura.