El Cabildo de Lanzarote ha elaborado un documento dirigido al ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, en el que exige “la inmediata suspensión del proceso administrativo de las prospecciones”, trasladándole su “más profunda preocupación por las permanentes irregularidades detectadas en el procedimiento emprendido por el Gobierno de España en marzo de 2012, autorizando a Repsol a perforar los fondos marinos frente a Lanzarote y Fuerteventura”.

La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que debe ser emitida por el Ministerio de Medio Ambiente, tras analizar las más de 10.000 alegaciones presentadas por instituciones y la sociedad canaria en septiembre de 2013, representa según el Cabildo “un paso de enorme trascendencia para el futuro de Canarias, ya que podría autorizar a Repsol a iniciar catas que ya entrañan serios riesgos para las islas”.

En este contexto, las alegaciones formuladas se redactaron y estudiaron tras la lectura íntegra del Estudio de Impacto Ambiental presentado por Repsol, el 1 de agosto de 2013, y si faltaban documentos de la petrolera que ahora le reclama el Ministerio de Medio Ambiente, “es lógico que se exija la anulación de todo el expediente puesto que esos informes no pudieron ser ni estudiados ni contestados en las alegaciones, generando una situación de indefensión y vulnerabilidad que no se ajusta ni a ética ni a derecho”.

La alegaciones presentadas por el Cabildo el pasado año ya hacían referencia directa “a las sistemáticas inexactitudes, carencia de rigor, ausencia de datos contrastados y otras irregularidades del documento presentado por Repsol”, que respondía “a un copia y pega impresentable desde el punto de vista de la imprescindible calidad de información que debería presentar la petrolera ante los riesgos y el futuro que su proyecto genera para las Islas y su población”.

El presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, señala que “se emprenderán al respecto todas las acciones posibles para detener esta permanente afrenta”. “La falta de respeto y anulación de nuestros derechos más fundamentales es sistemática, pero conocer que hemos redactado unas alegaciones muy precisas y elaboradas sobre un proyecto que ahora incorpora nuevos documentos que no tuvimos la posibilidad de estudiar es, desde todos los puntos de vista, inaceptable”, destaca.

El Cabildo prepara acciones parlamentarias y administrativas no sólo para exigir que se anule la totalidad de este expediente del que “no se sabe nada porque de nada nos informan”, aclaró Joaquín Caraballo, vicepresidente primero, sino también para denunciar que, a pesar de que el ministro Cañete afirmó que “en este asunto hay que dejar trabajar a los técnicos”, el jueves en el Ministerio de Medio Ambiente “era inexplicablemente un alto cargo político del Ministerio de Industria, el Subsecretario Hernández Bento, quien dirigía las respuestas a los representantes de las autoridades canarias”.