El procedimiento judicial seguido en la Plaza número dos de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Arrecife por un presunto delito medioambiental relacionado con el grave incendio que sufrió el vertedero de Zonzamas en 2024, se archivó mediante auto del 6 de marzo.

Sin embargo, el Cabildo de Lanzarote formalizó este pasado 21 de mayo la contratación de un abogado para que defendiese al consejero Domingo Cejas, responsable del Área de Residuos, que fue citado en calidad de investigado en el procedimiento.

El portavoz del grupo nacionalista, Samuel Martín, aseguró este martes que el archivo de las diligencias “se declaró firme el 7 de abril”, un mes después del auto dictado por el Juzgado. En el mencionado auto aparece como abogado del “representante legal” del Complejo Ambiental de Zonzamas el mismo letrado contratado el pasado viernes para un procedimiento ya archivado.

El Cabildo dictó el pasado viernes decreto para contratar a un abogado que defendiese a Cejas con honorarios a “determinar” según un “presupuesto a presentar”

En la resolución de contratación del abogado, firmada por el consejero Miguel Ángel Jiménez, no se hace mención a que las diligencias judiciales ya estuviesen archivadas. En los antecedentes se menciona que el 30 de octubre de 2025 había llegado una citación al Cabildo para que compareciese “en calidad de investigado” el representante legal de Zonzamas.

También se menciona una comunicación de la Fiscalía en la que se hace constar que el Seprona aportó “denuncia y documentación relativa a hechos acontecidos en el Complejo Ambiental de Zonzamas, que pudieran ser constitutivos de delito contra los recursos naturales y el medio ambiente”.

Del mismo modo, se alude a “informes ambientales de 2022 y 2024” acerca de la “existencia de deficiencias operativas y de control interno en materia de gestión de residuos, almacenamiento, clasificación y vigilancia”.

En el decreto de contratación del abogado se apuntó a las “posibles consecuencias de naturaleza administrativa, penal y reputacional para el responsable”, en referencia al consejero Domingo Cejas, “y para la Administración insular”.

En el mismo decreto se sostiene que “la doctrina y práctica administrativa reconocen que, cuando las actuaciones afectan directamente a un cargo investigado, la designación de letrado ha de ser de su confianza, a fin de asegurar la adecuada defensa jurídica y el respeto al principio de confianza personal”.

En el decreto de contratación del letrado no se hace ninguna referencia a que las diligencias penales ya estuviesen archivadas

En la contratación del abogado no se especifica ninguna cantidad. Así, sobre el “importe de honorarios”, en la resolución se afirma que están “por determinar” según el “presupuesto a presentar”, sin hacer referencia a que el letrado ya había representado al consejero en la causa.

En el auto judicial de archivo, por su parte, se dice que “no aparece debidamente justificada la perpetración del delito”. “Efectivamente, tras haberse recibido denuncia formulada por el Ministerio Fiscal, se han practicado a lo largo de la instrucción las diligencias de investigación necesarias para la averiguación de los hechos denunciados y la determinación de las personas que serían responsables”, asegura el juez.

“Pues bien”, concluye, “los elementos de juicio que justificaron la apertura del procedimiento penal de instrucción se han debilitado hasta tal punto que no pueden servir de base para la apertura de juicio de acusación contra el investigado”.