El grupo de gobierno del Cabildo de Lanzarote (CC y PSOE) ha aprobado este viernes en el pleno, como asunto de urgencia, la ordenanza fiscal que grava la venta de combustible y mediante la que pretender recaudar unos 2,5 millones de euros al año.

En el pleno de febrero el equipo de gobierno dejó el asunto sobre la mesa ante la incertidumbre sobre la posición de los consejeros ‘díscolos’ Sergio Machín y Mónica Álvarez.

Este viernes, Machín ha votado a favor de la urgencia de su tramitación y de la propia iniciativa, mientras que Álvarez ha votado en contra de la urgencia y se ha abstenido en la votación de la ordenanza, que ahora saldrá a exposición pública para recibir alegaciones.

Por su parte, los consejeros de la oposición, tanto del Partido Popular, como del Partido de Independientes de Lanzarote y Alternativa Ciudadana han votado en contra de la medida fiscal.

Cuando entre en vigor, de cada litro de gasolina o gasoil que se venda en Lanzarote, la Corporación insular recaudaría dos céntimos de euros.

Hasta ahora, el Cabildo ha venido gravando con 0,0079 euros cada litro pero solo de gasolina, lo que le ha supuesto unos ingresos de 378.000 euros en el año 2011, de 393.000 euros en 2012 y de 367.000 euros el año pasado.

El grupo de gobierno asegura que se destinará a arreglar carreteras y transporte

Lo que se ha aprobado en el pleno del Cabildo es aumentar la tributación de la gasolina a dos céntimos por litro e incorporar el gasoil, también con dos céntimos por litro, lo máximo que le permite la ley.

Para este año se prevé que los ciudadanos y empresas de Lanzarote necesiten consumir casi 123 millones de litros de combustible (76,5 de gasoil y 45,4 de gasolina). Con esa estimación, el Cabildo planea ingresar unos 2,5 millones de euros por ejercicio.

“Decisión del vendedor” si lo repercute

En el proyecto de la ordenanza fiscal se argumenta que esta medida servirá para obtener recursos económicos de cara al mantenimiento de la red de carreteras de Lanzarote y se asegura que todo lo que se recaude se destinará a la red viaria insular y a políticas de transporte.

El proyecto de la ordenanza fiscal sostiene que se trata de “una tarifa que grava la venta de carburantes” y que, por lo tanto, “repercute en el distribuidor o en el vendedor del combustible y no debería ser repercutido en el precio final del mismo”.

Sin embargo, añade que “será por lo tanto decisión de los distribuidores o vendedores, de acuerdo con sus márgenes de beneficio, repercutirla o no en el precio de venta al consumidor”.