El Ayuntamiento de Arrecife se personó en el caso Montecarlo a principios de año pero aún no ha aclarado en el Juzgado de Instrucción número 4 de Arrecife si lo hace solamente en calidad de actor civil, como perjudicado por la presunta malversación de fondos públicos de la institución o también ejerce la acción penal contra los imputados en dicho procedimiento, o ambas. Para que se reconozca la responsabilidad civil y por lo tanto la devolución del dinero o una posible indemnización, debe quedar probada la comisión del delito y su autoría.

Hay que recordar que hay varios concejales y ex concejales imputados en el caso, así como trabajadores municipales. Entre ellos estaría uno del grupo de gobierno, el teniente de alcalde José Montelongo (PSOE), que debía declarar este pasado jueves y otro de la oposición, como Cándido Reguera (PP), además de los ex ediles Eduardo Lasso (PIL) y Lorenzo Lemaur (PP) que declaró el martes.

También declararon esta semana el interventor y el tesorero, así como el trabajador Miguel Ángel Leal. La declaración del ex asesor municipal Blas Cedrés se aplazó. La defensa designada por el Ayuntamiento de Arrecife no ha comparecido a esas declaraciones.

El caso Montecarlo se inició tras una denuncia anónima realizada desde dentro del Ayuntamiento. La instrucción se dividió en cinco piezas: una que tiene que ver con el servicio de recaudación en el Ayuntamiento de San Bartolomé y cuatro con el Ayuntamiento de Arrecife sobre los expedientes de las empresas Tunera, Inelcon y Gesineal más una supuesta trama de elaboración y cobro de pliegos de contratación, cuyos servicios no se habrían prestado pero sí se habrían cobrado.

También se investiga el cobro por duplicado de algunas facturas, el inflado de precios para obras y servicios realizados y las irregularidades en las contrataciones, sin cumplir con los requisitos legales.