El Ayuntamiento de Arrecife, a través de un decreto firmado por el concejal de la Oficina técnica, José Montelongo, ha instado el derribo de las tres naves de la empresa Hormiconsa construidas junto al cementerio de San Román. La propiedad ya ha presentado el correspondiente proyecto de demolición y ahora tendrá un plazo de un mes para ejecutarla. En el decreto también se ordena el cese inmediato de cualquier actividad que pudiera estar desarrollándose en esas naves.

El decreto municipal, firmado el pasado 7 de abril, se produce después de que la Audiencia provincial de Las Palmas confirmara en el pasado mes de marzo la sentencia que había dictado en 2011 el Juzgado de lo penal número 3 de Arrecife por la que se ordenaba el derribo porque las naves carecen de licencia de obras.

La sentencia condenaba al promotor y propietario de la empresa, Miguel Morales, a una pena de un año y ocho meses de cárcel y a pagar una multa de 67.000 euros. Morales fue condenado por un delito contra la ordenación del territorio y otro de desobediencia por continuar ejecutando las obras después de que el Ayuntamiento decretase su precinto.

Las obras que tendrá que demoler la empresa, según señala el decreto municipal, consisten en “tres naves con sus anejas plantas de fabricación de hormigón y machacadora para materiales de construcción”. Tras el derribo, la empresa deberá presentar una certificación técnica que garantice que se ha repuesto la realidad física alterada.

El fallo de la Audiencia consideraba probado que las naves se fabricaron por parte de Hormiconsa sin haber obtenido licencia de obras en un suelo calificado por el Plan Insular de Ordenación de 1991 como rústico de protección por paso de jable. El caso lo denunció el grupo municipal de Arrecife de Alternativa Ciudadana.

La Audiencia dictó sentencia en marzo declarando ilegales las edificaciones por carecer de licencia y por estar construidas en suelo rústico de protección de jable

Las obras se iniciaron en el año 2005, y según la sentencia no podían haber sido autorizadas en ningún caso, ni mediante la calificación territorial ni mediante licencia de obras, precisamente por el tipo de suelo en que se asientan. Alternativa Ciudadana denunció en el Ayuntamiento las obras hasta en cinco ocasiones y finalmente, ante la inacción municipal, acudió a la Fiscalía a denunciar los hechos.

La construcción fue precintada el 3 de octubre de 2005, después de que se ordenara su paralización pero, según la sentencia, el acusado no paralizó las obras pese al precinto y continuó con ellas hasta su completa finalización. Un informe de una técnico municipal, así como su declaración en el juicio, certificaron que cuando se ordenó la paralización, una de las naves aún estaba en construcción y que posteriormente apareció terminada.

El empresario alegó durante el procedimiento que en la zona donde se edificaron las naves, que eran unos terrenos comprados en los años ochenta, antes de que se declararan como de protección por el paso de jable, en la práctica ya no pasa jable, y que la protección del suelo, por lo tanto, es meramente formal. También destacó durante el juicio que, si el caso había surgido por una denuncia de Alternativa Ciudadana por prevaricación, no se había llegado a acusar a ningún político ni técnico municipal.