La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Arrecife ha aprobado este miércoles la licencia para el antiguo Hotel Oriental, que solicitaron los propietarios, y que había rechazado el Servicio de Patrimonio Histórico, que había informado de forma desfavorable la intervención por atentar contra los valores de “uno de los exponentes más relevantes” de la arquitectura tradicional de la capital lanzaroteña.

El acuerdo ha salido adelante pese a la intención de los representantes del PSOE y de Nueva Canarias de que se diese un plazo de audiencia de 15 días al Cabildo y al Gobierno de que se pronunciasen. Desde el Partido Popular se ha defendido que el criterio de Patrimonio Histórico del Cabildo y de Patrimonio del Gobierno de Canarias, que han rechazado el proyecto, no es vinculante.

En el informe de Patrimonio Histórico se destaca que el inmueble, en el número 37 de la calle León y Castillo, es una de las conocidas como “casas altas de Arrecife”, “uno de los mejores exponentes de la arquitectura burguesa urbana” y un edificio con un “alto valor histórico”.

Así se refleja en el informe del servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo, que censura el intento de los propietarios de demoler su interior por completo y vaciarlo. No es la primera ocasión que el antiguo Hotel Oriental se enfrenta a la posibilidad de quedar reducido a escombros.

En septiembre de 2006, con Isabel Déniz en la alcaldía de Arrecife, la Concejalía de Urbanismo dictó un decreto que parecía condenar la supervivencia del edificio: abrió un expediente de ruina a instancia de la propiedad, Inmobiliaria Chimida, y ordenó el desalojo del edificio.

Uno de los inquilinos, la joyería de la planta baja, impugnó la medida y la Justicia le dio la razón. Primero el Juzgado y luego el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, hace justo 10 años.

En aquella sentencia se valoró un estudio pericial que concluía que el edificio no estaba en situación de ruina, como alegaban los propietarios, que no existía “deterioro ni colapso de la estructura” y que la fachada estaba “intacta”.

Hace dos años, la empresa propietaria del edificio solicita licencia al Ayuntamiento de Arrecife para la “reestructuración” del inmueble, insiste en que se encuentra “en estado ruinoso” y que “los pisos y techos de madera son irrecuperables”.

El criterio de Patrimonio Histórico es diametralmente opuesto. En su informe, destaca que la segunda planta “conserva perfectamente su distribución original”, la “mayoría de las carpinterías” y los “enfoscados originales a base de cal, alacenas y armarios empotrados”, con “techos y suelos de madera”, todos ellos “elementos de alto valor patrimonial”.

Es más, tras la visita al edificio, el departamento del Cabildo encargado de velar por el Patrimonio insular concluye que todos los techos de la segunda planta presentan “un estado de conservación relativamente bueno”, salvo en algunas zonas puntuales, y señala que están realizados en vigas de madera de “considerables dimensiones”.

Los “problemas de conservación”, indica Patrimonio Histórico, se limitan a “humedades en la parte baja de los muros”, una incidencia “frecuente en este tipo de inmueble”. Las filtraciones de agua de lluvia en puntos concretos de las cubiertas o “alguna viga con riesgo de rotura” son “problemas derivados por la falta de mantenimiento y conservación del edificio”, a pesar de la obligación que establece tanto la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias como el Plan General de Ordenación de Arrecife.

Medidas cautelares

Una vez que el Ayuntamiento de Arrecife ha concedido la licencia para el proyecto, el Cabildo de Lanzarote puede dictar medidas cautelares mediante resolución firmada por la consejera de Patrimonio, Ariagona González.

Además, también el Gobierno de Canarias puede interponer medidas cautelares para suspender la eficacia de la licencia otorgada por el Ayuntamiento de Arrecife si ni el Consistorio ni la Corporación insular acceden a su requerimiento.

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[Nota de la Redacción: En un primer momento se informó de que PSOE y NC se habían abstenido en la Junta de Gobierno cuando dieron un voto favorable condicionado a un plazo de audiencia al Cabildo y al Gobierno de Canarias]