El Consorcio del Agua de Lanzarote tenía que haber iniciado una actualización de las tarifas, incluido el suministro doméstico, en el año 2017. No lo hizo. Ni ese año ni el siguiente. Ni el siguiente tampoco. Seis años después, la subida no se ha producido, pero ahora hay una sentencia que ya es firme y que el Consorcio del Agua deberá afrontar. La subida acumulada en todo este tiempo supone que el precio del agua deberá incrementarse al menos un 25 por ciento respecto a lo que pagan hoy los usuarios.

La deuda. El Tribunal Supremo inadmitió el pasado mes de enero un recurso de casación presentado por el Consorcio del Agua de Lanzarote. Se hace firme así la sentencia favorable a Canal Gestión del año 2021 sobre la subida de las tarifas. Las cuentas de Canal Gestión Lanzarote de 2022 hablan de una deuda de más de 12 millones a pagar por el Consorcio a Canal pero con la acumulación de los meses más los intereses de demora, esta deuda, según las fuentes consultadas, ya llega hasta los 15 millones de euros y alcanzaría hasta 19 a final de año.

Formas de pago. La nueva Corporación insular, presidida por Oswaldo Betancort, tiene dos opciones. La primera es asumir esa deuda por parte del Consorcio y pagar a Canal Gestión. Para abonarla podría pedir un crédito, firmar un acuerdo de pago y pagar a plazos o buscar fondos, como los beneficios que obtiene ahora Inalsa por la explotación de los parques eólicos. Es la fórmula más sencilla y, en cierto modo, la más injusta.

Si el Consorcio asume la deuda asume la subida de todos los abonados: de los que pagan mucho y de los que pagan poco. Estaría abonando lo adeudado con dinero público, que podría servir para otro fin, la subida que corresponde a la factura de un hotel y la que corresponde a una familia de dos personas, por ejemplo.

La otra opción es repercutir ese incremento de forma proporcional a como se tenía que haber hecho la subida hace seis años. Cada abonado pagaría de esa forma lo que le corresponde, pero además de los retrasos acumulados, tendrá que afrontar ese aumento del 25 por ciento a partir de ahora.

El pleito. Se remonta al año 2017. Según el contrato firmado en junio de 2013 entre el Cabildo y la empresa madrileña de aguas, el Consorcio debía actualizar las tarifas del agua a partir de ese año y de forma anual con una subida que consistía en aplicar el Índice de Precios al Consumo (IPC) más el uno por ciento.

La redacción del contrato dejaba poco espacio para la interpretación, pero el Consorcio decidió judicializar el problema para no afrontar una subida antes de las elecciones de 2019. Alegaron que había diferencias de interpretación entre los técnicos y la jurista del Consorcio sobre el procedimiento a seguir y que el Consorcio interpretaba que se debían actualizar los precios sobre la base de los costes de producción y no sobre toda la factura, lo que daba como resultado una subida inferior.

Sentencias. En febrero de 2020, la primera sentencia, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número tres de Las Palmas de Gran Canaria, ya fue contraria al Consorcio. Solo se ocupaba de la subida de 2017, 2018 y 2019 y daba un resultado acumulado de 3,3 millones. Según las cuentas de Canal, la subida para 2017 debía haber sido del 2,3 por ciento, en 2018 del 2,1; en 2019 del 2,4: en 2020 del 1,4; en 2021 del 0,9 y en 2022 del 6,8 por ciento. En los últimos años el IPC se ha incrementado de forma significativa. La subida acumulada, por tanto, ya es casi de un 25 por ciento respecto a lo que se paga ahora.

La segunda sentencia, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), de 2021, reafirma la primera y el Tribunal Supremo la hace firme al no admitir el recurso de casación. Se debe aplicar la fórmula que refleja el contrato: IPC más el uno por ciento, cada año. Canal también solicitaba una compensación por el posible desequilibrio económico de la concesión, pero el fallo dice que primero deben ser fijadas las tarifas incrementadas para la comprobación o no de dicho desequilibrio, y que se debe abrir otro expediente a tal efecto.

Responsables. Echedey Eugenio (CC), como presidente del Consorcio del Agua, renunció al procedimiento para la actualización de las tarifas. Lo retiró “por razones de oportunidad” de forma unilateral, un mes antes de las elecciones de 2019. Tenía la opción de haber permitido la subida en el porcentaje que Canal y Consorcio estaban de acuerdo y discutir en los tribunales la otra parte. De esa forma, se iría produciendo ya un aumento gradual.

En el fondo, la obligación de subir las tarifas no es discutible. La firmó el propio San Ginés. Pero la discutieron. Incluso Eugenio llegó a decir que no se habían subido las tarifas porque Canal Gestión no había querido, lo que obligó a la empresa a salir al paso asegurando que no tenía competencias para hacerlo.

La continuación. La expresidenta socialista Dolores Corujo dio una rueda de prensa para denunciar esa maniobra de CC. Lo calificó como un “asunto de gran magnitud y gravedad para los intereses económicos del Consorcio” y dijo que iba a valorar las posibles responsabilidades penales de la decisión adoptada por Eugenio “sin que mediaran informes técnicos y jurídicos y sin el conocimiento de los ayuntamientos”. Pero siguió con el pleito y tampoco aplicó la subida.

Lo único que hizo Corujo, de lo que no ha dado explicación, es el abono de 1,5 millones que se refleja en las cuentas de 2022 de Canal Gestión, “como pago a cuenta del incremento de tarifas reclamado”.

La subida. Se debe reflejar en las facturas. Canal debe hacer su propuesta al Consorcio y este debe trasladarla a la Comisión de Precios de Canarias, que debe aprobar primero las tarifas. La modificación de las tarifas debe ser sometida por el concesionario al Consorcio para su aprobación antes el 31 de enero del ejercicio en que deban ser aplicadas y el Consorcio las aprobará en asamblea antes del 15 de febrero.

Pérdidas. La situación de la empresa de aguas es delicada. Durante el año pasado, las redes de distribución perdieron 15,8 millones de metros cúbicos de agua, lo que supone un 56,42 por ciento de la producción total. Pero las pérdidas económicas también son preocupantes. En los dos últimos ejercicios son de 28 millones de euros, de los que 12,3 pertenecen al año 2022. El patrimonio neto de la empresa es de 50 millones de euros con un fondo de maniobra negativo de 7,5 millones.

En los dos últimos ejercicios, Canal Gestión ha perdido 28 millones de euros

“Estos fondos propios negativos son consecuencia de los malos resultados de los dos ejercicios precedentes, por el enorme impacto de la pandemia y la caída del turismo en la cifra de negocios, además del efecto producido por la escalada de los precios de la energía, y la imposibilidad de actualizar las tarifas. Pese a la importante mejora en los ingresos en el ejercicio 2022, décimo de actividad de la Sociedad, el encarecimiento de la energía no ha permitido equilibrar el resultado”, se puede leer en las cuentas. Según la propia empresa, “existe evidencia razonable sobre la recuperación” siempre y cuando se suban las tarifas.

Inversiones. El ciclo integral del agua necesita una gran cantidad de inversiones millonarias para poner a punto el servicio de producción, almacenamiento, distribución y reutilización. La cifra es estimada, pero estaría entre los 150 y los 200 millones de euros. Los nuevos responsables del Consorcio deben buscar ese dinero o subir aún más las tarifas para pagar las inversiones necesarias.

Los compromisos inversores de la empresa, que tasa en más de 60 millones de euros desde el año 2013 (de los que 3,4 millones de euros aún se estarían ejecutando) prácticamente han finalizado. Para 2023, Canal Gestión solo prevé una inversión de poco más de un millón de euros. La situación del ciclo integral del agua, con Canal o sin Canal, requiere de grandes inversiones de dinero público. La supuesta salvación y solución al suministro, tal y como anunció Pedro San Ginés, no ha llegado después de una década de presencia de la empresa.

Contrato. En la memoria de las cuentas anuales también se refleja la posibilidad de que se considere nula la adjudicación del contrato, por un pleito instado por la empresa Club Lanzarote, promotora de la urbanización Montaña Roja (Playa Blanca).

En ese caso, según Canal Gestión, tendría derecho a una compensación por los siguientes conceptos: el importe del canon inicial actualizado conforme a los tipos de interés, el importe de las inversiones ejecutadas, las pérdidas operativas o de explotación soportadas durante los ejercicios en los que haya ejecutado el contrato y “la reparación de cualesquiera otros daños emergentes derivados de la nulidad”.

En cualquier caso, la cantidad probablemente excedería de los 200 millones de euros. “Ninguna de las partes involucradas en el proceso de Club Lanzarote ha incoado procedimiento para solicitar la nulidad del procedimiento de adjudicación de la concesión”, dice la memoria de las últimas cuentas de Canal.