Ecologistas en Acción Lanzarote manifiesta su oposición a la declaración de emergencia hídrica en Lanzarote y La Graciosa, aprobada inicialmente por el Consejo Insular de Aguas y propone “alternativas sostenibles”.

La agrupación denuncia “la falta de datos científicos que respalden la medida” y advierte de que su objetivo principal es “ampliar las infraestructuras de desalación y depuración, en lugar de abordar los verdaderos problemas estructurales del sistema hídrico insular”.

Ecologistas en Acción Lanzarote ha presentado alegaciones contra la declaración de emergencia hídrica que el Consejo Insular de Aguas sometió a información pública en pleno periodo navideño y con solo cinco días de plazo.

La organización critica que la propuesta “carece de un análisis transparente sobre las causas del problema y no incluye estudios científicos que justifiquen la urgencia de esta medida”.

La agrupación ecologista considera que esta declaración responde a “intereses económicos que buscan justificar la construcción de más desaladoras y depuradoras, amparándose en el miedo generado en la población”.

Según Ecologistas en Acción, “esto desvía la atención de problemas estructurales como el despilfarro de agua, los fallos técnicos en la red de distribución y el impacto del turismo, que consume hasta tres veces más agua que la población residente”, según datos del Plan Hidrológico de Lanzarote 2024.

La formación ecologista también denuncia que las pérdidas de agua no controlada (fugas, roturas, fraude, entre otros) han aumentado de un 58 por ciento en 2019 a un 62 por ciento en 2021, de acuerdo con Canal Gestión.

Además, alertan de los impactos ambientales de las desaladoras y depuradoras, “cuyos residuos dañan gravemente la biodiversidad marina y contribuyen al cambio climático al emitir grandes cantidades de CO2”.

Alternativas

Ecologistas en Acción propone alternativas “sostenibles y locales” como la rehabilitación de sistemas tradicionales de captación de agua (gavias, nateros, aljibes, entre otros), la reutilización eficiente del agua, el desarrollo de proyectos sostenibles y una gestión equitativa del recurso.

Asimismo, abogan por limitar el crecimiento turístico y estudiar el potencial del acuífero de Timanfaya, que cuenta con una capacidad estimada de 13 hectómetros cúbicos.

Finalmente, la organización insta al Consejo Insular de Aguas a diseñar un protocolo de actuación que contemple “un análisis de vulnerabilidad, determinación de riesgos y medidas claras para garantizar la sostenibilidad hídrica de las Islas, priorizando soluciones basadas en la naturaleza y en la educación de la población sobre el uso responsable del agua”.