El Juzgado de lo contencioso administrativo número 6 de Las Palmas ha dictado auto este pasado viernes desestimando la demanda interpuesta por Club Lanzarote contra el procedimiento de incautación de la infraestructura hidráulica de la urbanización de Montaña Roja en Playa Blanca.

Así lo ha asegurado este domingo en un comunicado el Consorcio del Agua, compuesto por el Cabildo y los siete ayuntamientos de la Isla. La incautación fue ejecutada por el Consejo Insular de Aguas de Lanzarote, que tiene la potestad de inspección y sanción en materia hidráulica, el pasado 18 de septiembre.

De esa forma, el juez confirma que el procedimiento llevado a cabo por el Consejo Insular “mediante resolución de fecha 17 de septiembre de 2014 en el marco de un procedimiento sancionador” es “del todo legal, no habiendo lugar a que la infraestructura referida sea devuelta a Club Lanzarote”, según indicó el Consorcio.

Así, destaca que “la actuación administrativa que se ha denunciado por parte de la actora está amparada en un acto administrativo”. Explica el auto además que no “concurren los requisitos generales para acordar la medida cautelar interesada (es decir, la solicitud de Club Lanzarote para que dejara sin efecto la incautación)”.

En la resolución judicial se destaca “la producción de agua sin autorización y su venta a terceros” por la citada empresa “sin la preceptiva concesión, y que dan cobertura a la medida cautelar adoptada” por el Consejo Insular de Aguas.

“Debiendo prevalecer en este supuesto”, añade el auto, “los intereses públicos generales presentes en un servicio público esencial como es el abastecimiento de agua a la urbanización, por lo que no procede acceder a la medida cautelar interesada”.

Para el Consorcio, del auto judicial “se desprende que el Consejo Insular de Aguas tiene potestad suficiente para ejecutar una incautación como la llevada a cabo en el plan parcial de Montaña Roja sin necesidad de obtener orden judicial alguna con anterioridad”.

En ese sentido, el Consorcio ha criticado de forma velada a la patronal turística Asolan, que acusó al Consejo, al Cabildo y al propio presidente Pedro San Ginés de actuar “sin atenerse a las mínimas normales legales”.

San Ginés lo esperaba

Para el presidente del Cabildo, “el auto no deja de ser una noticia satisfactoria que esperábamos pues pone en evidencia que este gobierno ha actuado siempre bajo las directrices de los servicios jurídicos, como no podía ser de otra manera y, por supuesto, en defensa del interés general”.

“Ahora, es necesario exigir que en situaciones como estas se debe ser más responsable cuando se hacen aventuradas declaraciones carentes de fundamento alguno como ha quedado demostrado, y como ocurriera, entre otras, con las graves acusaciones vertidas por la patronal turística”, agregó San Ginés.

Servicio en igualdad de condiciones

El presidente insistió en que “lo importante es que los 6.000 vecinos de Montaña Roja recibirán un servicio como les corresponde, en las mismas condiciones de calidad y precio que el resto de los lanzaroteños”.

De hecho, esta semana la adjudicataria de la gestión del ciclo integral del agua en Lanzarote, Canal Gestión “iniciará el proceso pertinente para regularizar la relación contractual con los abonados de ese plan parcial que hasta la fecha vienen recibiendo el servicio de abastecimiento de agua potable con total normalidad”.

Oficinas móviles en Playa Blanca

La intención de la empresa, tal y como en su día se informó a los vecinos, es trasladar oficinas móviles hasta Playa Blanca y cerca de las urbanizaciones afectadas con el objeto de facilitar los trámites que sean necesarios, “a cuyos efectos el Canal informará convenientemente en los próximos días”.