El presidente de la Asociación de consumidores de Lanzarote (Aculanza), Fernando Jiménez, ha criticado “que no haya justicia social” tras la resolución del concurso de acreedores de la empresa pública Inalsa, acordada por el Juzgado de lo mercantil, y consideró que la Fiscalía tendría que actuar “para que se tire de la manta” sobre lo que ha ocurrido en la compañía y se depuren “responsabilidades”.

El titular del Juzgado de lo mercantil número 1 de Las Palmas, Alberto López, ha dictado sentencia aprobando el convenio presentado por el Consorcio del Agua de Lanzarote (Cabildo y ayuntamientos) para pagar más de 35 millones de euros a los acreedores de la empresa pública Inalsa, fundamentalmente Fomento de Construcciones y Contratas.

El juez ha tenido en cuenta la única propuesta de convenio presentada por el presidente del Consorcio, Pedro San Ginés, el pasado 12 de julio ante el Juzgado. La misma incluye el pago de 35,5 millones de euros a los acreedores de Inalsa. El abono se hará con el canon por la privatización del agua de Lanzarote que debe desembolsar la empresa Canal de Isabel II y se efectuaría hasta 2017.

Se ha fijado una quita del 21,72 por ciento, y no hay espera, por lo que “no debe procederse a la apertura de la sección de calificación”. Así, no se declarará el concurso culpable y no se tocará el patrimonio de los administradores de la empresa cautelarmente embargado.