Las empresas instaladoras y de mantenimiento de gas tienen un conflicto con la empresa Disa y con el Gobierno de Canarias. Consideran que Disa se extralimita en sus funciones, que el Gobierno no está tomando cartas en el asunto y que el conflicto ayuda a entorpecer la apertura y el funcionamiento de nuevos negocios.

El problema surge de las interpretaciones de las diferentes normativas que afectan al sector y que son muchas, ya que interviene regulación del sector de la energía, del transporte o de riesgos laborales, entre otros.

Aceingas, la asociación canaria de empresas instaladoras de gas, lleva años peleando con la Administración, pero la gota que colmó el vaso fue la negativa de Disa a entregar veinte envases de gas para surtir a un establecimiento de hostelería de Arrecife para su apertura.

La postura de la empresa hizo que el establecimiento tardara casi un mes en recibir los envases. Disa exigía que se le entregase el certificado final de obra, cuando sólo hay que entregarlo a la Administración competente. “La empresa no tiene ninguna competencia ahí”, señala Carlos Murillo, instalador de gas y ex presidente de Aceingas, que se basa, entre otras normativas, en la nueva Ley de Hidrocarburos mientras que asegura que la empresa se quiere regir por un Real Decreto, que es inferior a la Ley.

Según la Ley de Hidrocarburos, la comercialización será realizada libremente  y Disa, desde el año 2009, es operadora al por mayor y comercializadora a granel, pero no distribuidora y suministradora. Sí que tiene competencias en gas canalizado, pero en Lanzarote no hay.

Al no haber canalización no hay contrato y el usuario compra o no las bombonas de gas pero no paga un fijo como en los suministros de luz o agua. Este instalador afirma que la empresa no debe hacer las inspecciones y sin embargo las sigue llevando a cabo, y cobrando doce euros, tanto en domicilios como en empresas.

“Si tocan algo, los responsables somos nosotros”, destaca, porque Disa hace la inspección pero ni certifica ni se hace responsable. En un escrito enviado a la Dirección General de Energía del Gobierno de Canarias sobre este caso, la empresa instaladora señala que “cinco años después de las infinitas denuncias realizadas ante esta misma Administración” siguen con el mismo problema, cuando está claro que la responsabilidad de la instalación y de las pruebas recaen sobre la empresa instaladora.

Las empresas instaladoras de gas se quejan de que el Gobierno sigue permitiendo a la compañía Disa que haga las inspecciones cuando no es su competencia

Destaca además que la Subdirección General de Hidrocarburos respondía, en marzo del año pasado, dándoles la razón, asegurando que “en los casos donde no exista contrato de suministro, las pruebas o verificaciones deberán ser hechas por la empresa instaladora”.

Aceingas ha puesto varios contenciosos sobre este asunto, acerca del acceso de Disa a las instalaciones privadas de gas, y en 2013 logró que se anulara una resolución de la Dirección General de Industria en la que daba a entender que podía tomar decisiones sobre las empresas instaladoras de gas.

Desde la Dirección General de Industria del Gobierno de Canarias se apunta que se está estudiando la reclamación de las empresas instaladoras para tomar medidas y que esta misma semana estaba prevista una reunión con los afectados para analizar esas reivindicaciones.