El Servicio de Insolvencia del Reino Unido informó este martes de la condena de Alex Hope, empresario británico del sector del cannabidiol (CBD), por utilizar fondos procedentes de dos préstamos obtenidos de forma fraudulenta para adquirir una vivienda en Puerto Calero, en Lanzarote.

Según el comunicado difundido por el organismo, Hope, de 41 años, obtuvo de forma fraudulenta un préstamo público de 25.000 libras esterlinas en 2020 mientras era administrador de la consultora A Hope Ltd.

El Servicio de Insolvencia señala que Hope solicitó ese préstamo declarando que la facturación de la empresa ascendía a 100.000 libras, cuando las cuentas de la sociedad reflejaban unos ingresos inferiores a 13.000 libras.

Hope también era administrador de Virtutum Limited, empresa que operaba bajo la marca comercial CBD Asylum en la ciudad inglesa de Hull, cuando la sociedad obtuvo en 2021 un préstamo de 56.000 libras de un prestamista privado.

De acuerdo con el comunicado, Hope y el codirector de la empresa, Liam Jones, de 42 años, firmaron el contrato del préstamo garantizando personalmente que no existía ningún procedimiento judicial en su contra, pese a que, según el organismo británico, ambos estaban siendo demandados desde 2019 por un despacho especializado en litigios por una cantidad aproximada de 800.000 libras.

El Servicio de Insolvencia sostiene que Hope transfirió el dinero procedente de ambos préstamos a través de una serie de cuentas bancarias antes de enviarlo al extranjero.

Añade que esos fondos formaron parte de un pago de 245.825 euros utilizado para adquirir una vivienda pareada de dos plantas en Puerto Calero, inscrita a nombre de Hope y de su esposa.

Hope y Jones se declararon culpables el mismo día en que iba a comenzar el juicio contra ambos en el Tribunal de la Corona de Hull, celebrado el pasado mes de junio, y fueron condenados el lunes 27 de julio.

El organismo británico sostiene que ocultaron un litigio de unas 800.000 libras para obtener uno de los préstamos y que iniciará actuaciones para recuperar el dinero

Hope fue condenado por dos delitos de fraude, uno de blanqueo de capitales y otro por no revelar el valor de unas acciones de Aspen Homes Hull Limited durante su procedimiento de quiebra.

El tribunal le impuso una pena de tres años de prisión, suspendida durante tres años, una inhabilitación de ocho años para ejercer como administrador de empresas y la obligación de realizar 250 horas de trabajos no remunerados.

Por su parte, Jones fue condenado por un delito de fraude relacionado con el préstamo de 56.000 libras. La sentencia le impone diez meses de prisión, suspendidos durante dieciocho meses, una inhabilitación de dos años como administrador de empresas y 100 horas de trabajos no remunerados.

“Mintió deliberadamente”

El comunicado añade que Virtutum Limited fue constituida en septiembre de 2017 con Hope como único administrador y que Jones se incorporó como segundo administrador en octubre de 2019.

Según el organismo, ambos afirmaban que pretendían que sus productos permitieran que "los beneficios del CBD pudieran experimentarse en muchos ámbitos diferentes de la vida".

Asimismo, indica que Hope y Jones fueron declarados en quiebra en marzo de 2022 y que Hope cometió posteriormente un nuevo delito al no revelar al administrador concursal el valor real de sus acciones en Aspen Homes Hull Limited.

Alex Hope dirigía la empresa CBD Asylum, dedicada a la comercialización de productos de cannabidiol (CBD), junto a su socio Liam Jones

En declaraciones recogidas en el comunicado, el investigador jefe del Servicio de Insolvencia, Mark Stephens, afirmó que "Alex Hope mintió deliberadamente sobre la facturación de su empresa para obtener un préstamo Covid destinado a ayudar a las empresas a sobrevivir durante la pandemia".

Stephens añadió que "posteriormente blanqueó el dinero procedente de ambos préstamos fraudulentos mediante una cadena de cuentas bancarias y utilizó esos fondos para contribuir a la compra de una propiedad en el extranjero".

Asimismo, señaló que "Hope y Liam Jones también mintieron sobre el procedimiento judicial que tenían abierto para obtener fraudulentamente ese segundo préstamo" y aseguró que "el Servicio de Insolvencia mantiene su compromiso de exigir responsabilidades a quienes explotan los programas de préstamos y los sistemas financieros para obtener beneficios personales".

El Servicio de Insolvencia informó finalmente de que ha iniciado actuaciones para recuperar los fondos obtenidos de forma fraudulenta al amparo de la Ley sobre el Producto del Delito de 2002.