Tres de los acusados en el juicio del caso Montecarlo que se celebra este jueves en la Audiencia Provincial de Las Palmas han reconocido el desfalco de 300.000 euros al Ayuntamiento de Arrecife a través del cobro de pliegos de contratación para concursos que luego no se realizaban.

El exinterventor Carlos Sáenz, su socio José Vicente Montesinos y el exconcejal de San Bartolomé Javier Betancort, actual gerente de Lancelot, han confesado los hechos en la vista oral de este jueves, si bien han rechazado las condenas que para ellos solicita la Fiscalía, la acusación popular, ejercida por Acción cívica contra la corrupción, y el Ayuntamiento de Arrecife.

El caso Montecarlo estalló en el año 2012, cuando se produjo la intervención policial en el Ayuntamiento de Arrecife y luego se dividió la causa en seis piezas. Una se archivó y dos más, relacionadas con el Ayuntamiento de La Oliva y el de San Bartolomé, ya tienen sentencia condenatoria.

En enero de 2019, el Juzgado de Instrucción número 4 de Arrecife abrió juicio oral por esta pieza. El otro acusado en la causa, el abogado Federico Toledo, se ha negado este jueves a confesar como el resto de procesados.

La Fiscalía pide penas que oscilan entre los cuatro años de cárcel para Toledo y los cinco años y diez meses para Javier Betancort hasta más de 15 años para los otros dos acusados, Carlos Sáenz y José Vicente Montesinos.

En el juicio se evalúa la comisión de los delitos de prevaricación, malversación de caudales, falsedad en documento mercantil, cohecho y blanqueo de capitales.

Dinero público defraudado

El Ayuntamiento de Arrecife está personado como acusación particular y solicita que se devuelva el dinero defraudado que ascendería a más de 300.000 euros.

El juicio se centra es la pieza relacionada con los pliegos de condiciones que se elaboraban, presuntamente, para obras o servicios que no se llevaban a cabo. Se investiga un presunto desfalco a través de encargos a las empresas Gestecal, Progestril y Recingest entre 2008 y 2010.

Según la acusación, Betancort trabajaba para esas empresas y había conocido tanto a Montesinos como a Sáenz cuando era concejal de Hacienda por el PP en San Bartolomé, donde ambos habían prestado sus servicios, uno como representante de esas sociedades y el otro como interventor.

Al exconcejal se le encargaba que redactara pliegos de condiciones para llevar a cabo concursos de suministros para el Ayuntamiento, pero los concursos después no se llevaban a cabo, según los escritos de acusación. Por esos pliegos cobraban entre 15.000 y 18.000 euros, el límite del contrato menor y de adjudicación directa.

Betancort se encargaba de hacer de “nexo entre las partes” y de gestionar los contratos, así como de presentar los pliegos, las facturas y hacer el seguimiento para que fueran pagadas. Los pliegos “eran idénticos en contenido y en número de páginas y solo se cambiaba el tipo de suministro en cada ocasión”, según la acusación.

De hecho, se podían haber obtenido, sin coste alguno, de la página web del Gobierno de Canarias, añade la acusación. Entre los contratos, además de labores de asesoramiento, había pliegos para suministros de combustible para el parque móvil, para la Policía Local, de material de limpieza, de material de librería, de cemento, papelería, ferretería, pintura, suministros eléctricos, repuesto de vehículos, software o asfalto.

Pagos al interventor

Según las acusaciones, las empresas de Montesinos cobraban y después el empresario le pagaba a Sáenz. Casi todas las facturas se pagaron entre 2009 y 2010. En 2011 Montesinos reclamó por la vía judicial el pago de esas facturas.

Según el escrito de acusación de Arrecife, el Ayuntamiento contrató para este pleito al abogado Federico Toledo, que había sido compañero de partido de Betancort en el PP y que “de forma consciente y malintencionada no ejerció su labor de forma profesional”.

Esas facturas, finalmente, fueron reconocidas y pagadas, con certificaciones de legitimidad por parte del propio interventor y gracias a un reconocimiento extrajudicial de crédito para proveedores locales promovido por el Gobierno central. Fue el 14 de mayo de 2012, solo 15 días antes de que estallara la operación y detuvieran al interventor, entre otros.