Nuevo movimiento en la guerra abierta entre el Consorcio del Agua y Canal Gestión Lanzarote. La empresa ha iniciado este miércoles los trámites legales para solicitar la resolución del contrato de concesión del servicio de agua en Lanzarote y La Graciosa por causas que atribuye al organismo compuesto por Cabildo y ayuntamientos.

La empresa señala que, tras más de doce años prestando el servicio, ha adoptado esta decisión “basándose en un análisis técnico-jurídico que identifica incumplimientos críticos y sistemáticos por parte de la Administración insular del agua”.

Entre los motivos expuestos, Canal Gestión afirma que el Consorcio “se comprometió contractualmente a ejecutar y financiar unas inversiones, valoradas en 78,7 millones de euros, que no ha llevado a cabo”.

Según añade la compañía, este incumplimiento resulta “todavía más notorio” porque Canal Gestión adelantó “un canon de 50 millones de euros que el Consorcio destinó a fines ajenos al servicio”, en referencia a saldar la deuda de Inalsa, cuyos consejeros estaban embargados, “en lugar de aplicarlo a la renovación y ampliación de sus infraestructuras hidráulicas”.

La concesionaria reclama compensaciones económicas por los perjuicios derivados de la situación del servicio

La empresa sostiene que “el inexplicable abandono de la inversión comprometida por parte del Cabildo de Lanzarote en su propia red ha supuesto una degradación de las infraestructuras del agua en perjuicio tanto de los habitantes de la isla, como de la operación de Canal Gestión Lanzarote”.

Canal Gestión también denuncia un “bloqueo deliberado” a la actualización tarifaria y asegura que desde 2017 el Consorcio “ha eludido sistemáticamente la revisión de tarifas prevista en el contrato”, pese a existir, según afirma, una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que la reconoce.

La compañía asegura que esta situación “supone una vulneración flagrante de los derechos del concesionario” y cifra en más de 40 millones de euros el déficit generado.

Asimismo, la concesionaria afirma que el Consorcio del Agua “ha impuesto modificaciones contractuales, incluidas órdenes de obras de carácter unilateral, que han alterado de forma arbitraria las condiciones esenciales de la adjudicación realizada a Canal Gestión Lanzarote en 2013”.

Según el comunicado, estas modificaciones “han superado el umbral permitido por la Ley de Contratos del Sector Público y se han efectuado obviando los procedimientos legalmente establecidos”.

Canal denuncia “una vulneración flagrante de los derechos del concesionario” y cifra en más de 40 millones de euros el déficit generado

En relación con la intervención cautelar del servicio acordada por el Consorcio, Canal Gestión considera que supone “un agravio enorme e injustificado”, al entender que la empresa “se ha comprometido por encima de sus obligaciones contractuales mientras que el propio Consorcio ha desatendido sus deberes más básicos”.

Por todo ello, Canal Gestión Lanzarote ha solicitado la resolución del contrato de concesión del servicio y “la compensación de todos los perjuicios económicos que estas actuaciones generen” a la compañía.

La empresa añade finalmente que esta decisión se adopta “sin perjuicio de cualesquiera otras actuaciones que resulten necesarias para preservar los recursos económicos y el buen nombre de la compañía”.