El presidente del Consorcio del Agua de Lanzarote, Oswaldo Betancort, aseguró este miércoles que el dictamen del Consejo Consultivo que respalda la resolución del contrato con Canal Gestión “confirma la defensa del agua en Lanzarote no era una opción política, sino una obligación jurídica, institucional y moral ante una situación insostenible para la ciudadanía”.

Betancort afirmó además que “cuando un servicio esencial acumula pérdidas superiores al 50 por ciento y cortes diarios, la Administración no puede mirar hacia otro lado; tiene que actuar para proteger el interés general”.

Por su parte, el consejero de Aguas del Cabildo de Lanzarote, Domingo Cejas, señaló que “el Consultivo respalda de forma contundente el procedimiento impulsado por el Consorcio y acredita que los incumplimientos de la concesionaria son estructurales, persistentes y suficientemente graves como para justificar la resolución del contrato”.

El Consorcio del Agua informó de que ya ha trasladado el contenido íntegro del dictamen a los alcaldes de Lanzarote dentro del proceso de coordinación institucional abierto para afrontar la recuperación y estabilización del ciclo integral del agua en la Isla.

La institución considera que el pronunciamiento del Consejo Consultivo supone “un respaldo jurídico sólido” a la hoja de ruta iniciada para recuperar el control del ciclo integral del agua y garantizar un servicio “estable, eficiente y acorde a las necesidades reales” de Lanzarote y La Graciosa.

El Consejo Consultivo de Canarias emitió el Dictamen 205/2026, recibido este miércoles por el Consorcio del Agua de Lanzarote, en el que considera ajustada a derecho la resolución del contrato de gestión del ciclo integral del agua en Lanzarote y La Graciosa.

El órgano consultivo concluye que existe “un incumplimiento estructural y grave del servicio público de abastecimiento, saneamiento y reutilización” y sostiene que un servicio esencial “no puede operar con pérdidas de agua superiores al 50 por ciento y con cortes continuos o diarios sin que ello afecte al núcleo mismo del contrato”.

El dictamen añade que la regularidad y continuidad del suministro “no son obligaciones accesorias, sino la expresión esencial del cumplimiento contractual”.

Según el informe, las deficiencias derivadas de la falta de ejecución del plan de explotación provocaron “una perturbación grave y reiterada del servicio”, reflejada en la imposibilidad de garantizar el abastecimiento regular a distintos municipios de Lanzarote, con “cortes de suministro continuos y diarios”.

El Consejo Consultivo considera además que no se trata de incidencias “esporádicas o de limitada entidad”, sino de “una afectación estructural al servicio público” que “compromete su funcionamiento y desnaturaliza la finalidad misma del contrato”.

El dictamen concluye igualmente que el incumplimiento de la concesionaria presenta “un carácter estructural, persistente y no meramente ocasional”, prolongado en el tiempo “sin que conste su efectiva subsanación”, pese a los requerimientos formulados por la Administración.

Por ello, el órgano consultivo entiende que esos incumplimientos son “graves y sustanciales”, frustran la finalidad del contrato y “justifican plenamente el ejercicio de la potestad resolutoria” por parte del Consorcio del Agua.