La presidenta del Partido Popular de Lanzarote, Astrid Pérez, muestra su preocupación por la “pérdida progresiva de la calidad “que se está produciendo en el servicio de transporte aéreo en la Isla desde que en febrero del pasado año comenzara el conflicto de los controladores aéreos con la empresa que gestiona la torre de control del aeropuerto César Manrique Lanzarote. "Un conflicto latente, que aún persiste, y que al final terminan pagando todos los pasajeros pues son los que realmente están siendo afectados por los reiterados retrasos tanto en los vuelos nacionales como internacionales", señala Astrid Pérez.

Pérez se pregunta qué está haciendo el Gobierno de Pedro Sánchez, en concreto el Ministerio de Fomento, y AENA con respecto a esta situación que, recalca, dura ya casi un año. "Es fundamental que se informe a la ciudadanía sobre las negociaciones o acciones que están llevando a cabo para poner fin a los efectos y perjuicios que está causando a la isla y a la ciudadanía este conflicto laboral".

La líder de los populares lamenta asimismo el "silencio e inacción" del Ejecutivo de Sánchez a este respecto así como el papel de los cargos públicos nacionales del Partido Socialista, senador y diputados, que parecen estar al margen de cualquier intermediación.

Astrid Pérez recuerda que diariamente se producen desplazamientos de pasajeros desde Lanzarote a otras islas, ya sea por trabajo o por cuestiones médicas, y "no puede ser que los usuarios estén perdiendo sus citas o que cada vez que tengan que volar lo hagan con la incertidumbre de si llegaran, o no, a tiempo a su destino porque los retrasos se acumulan y no reciben ninguna explicación".

“La persistencia de las desavenencias entre los trabajadores y la empresa entorno al nuevo convenio colectivo está generando un grave problema a la operatividad del propio aeropuerto, el octavo del país en volumen de pasajeros y ahora el quinto de Europa pero en retrasos”, ha dicho la popular.

Cabe recordar que el César Manrique Lanzarote formó parte de la primera fase de privatización de los servicios de tránsito aéreo de las torres de control llevada a cabo a finales de 2010 por el segundo gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, con José Blanco al frente del Ministerio de Fomento. La medida afectó entonces a 12 aeropuertos españoles y actualmente está pendiente la liberación de siete más, entre las que se incluyen las tres torres de control que siguen con gestión pública en Canarias: Tenerife Norte, Tenerife Sur y Gran Canaria.