El Ayuntamiento de Arrecife, a través de un decreto de alcaldía basado en un informe jurídico encargado al letrado Javier Navarro, ha decidido rechazar el recurso de reposición que presentó la empresa Urbaser contra la decisión municipal de posponer el pago de la revisión de precios del contrato de recogida de residuos, limpieza y parques y jardines, hasta que se resuelva el caso Unión, en el que fueron detenidos hasta cinco directivos de la empresa.

Arrecife acordó en pleno en octubre de 2013 la suspensión del procedimiento para pagar la revisión de precios que había solicitado Urbaser, que gestiona estos servicios  desde el año 2002. La empresa recurrió esta decisión considerando que no hay una norma sobre la que se pueda sostener esa suspensión y que se vulnera la presunción de inocencia.

Hay que recordar que el contrato de Urbaser es una de las tramas del caso Unión en la que se investiga tanto si el contrato se concedió mediante un soborno como si posteriormente se inflaban los precios del contrato mediante una revisión de precios irregular, así como si no se prestaban todos los servicios que se facturaban, “como un medio para obtener beneficios particulares a costa del erario público”, según señala el informe.

En marzo de 2012, el Ayuntamiento decidió reconocer sólo 11 de los 17 millones que le reclamaba Urbaser, que ahora reclama ese dinero en los tribunales. Arrecife considera que entre los incumplimientos de la empresa estaría la reducción del número de trabajadores respecto a lo previsto en el contrato, el no haber adquirido maquinaria o no haber prestado los servicios de mejora incluidos en la propuesta en el concurso público, como la recogida diaria de enseres de gran tamaño, el teléfono de información al usuario o el diseño de campañas de concienciación ciudadana.

Según el informe de Javier Navarro, de la causa penal podría derivarse no sólo que Urbaser no cobre la revisión de precios sino que acabe debiendo al Ayuntamiento el 13 por ciento que cobraba como beneficio industrial.

Invalidez de los contratos

El informe jurídico considera que se podría llegar a la invalidez  de los contratos y por tanto de la revisión de precios y asegura que  existe una probabilidad cierta que de que el procedimiento acabe con la condena por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, alteración en concurso público y malversación de caudales públicos.

Esa eventual condena influiría directamente en la decisión de pagar o no pagar lo que reclama Urbaser que, por otra parte, acaba de ganar de nuevo el concurso para volver a gestionar estos servicios a pesar de los pleitos que mantiene con el Ayuntamiento por el anterior contrato.