La juez de instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, ha elevado a la Audiencia Nacional el sumario de la denominada Operación Madeja, relativa al pago de comisiones por parte de la empresa Fitonovo a cambio de servicios y contratos públicos y que acumula 88 imputados, cuarenta de ellos funcionarios.

En la operación judicial se detuvo el pasado mes de noviembre a Sergio Machín, consejero del Cabildo en el último mandato, por el presunto cobro de comisiones en 2004, cuando era miembro del PIL. Machín negó ante la juez Alaya haber percibido cantidad alguna de Fitonovo.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encontró correos electrónicos y anotaciones en los que se apuntan supuestos pagos a Sergio Machín, percibidos presuntamente como “impuesto revolucionario” por contratos de limpieza de carreteras adjudicados por el Cabildo en aquella época, entre 2004 y 2005, cuando Machín era consejero de Obras Públicas.

Los sobornos de Fitonovo, según el auto de la jueza, afectaron al Ayuntamiento de Sevilla, a las diputaciones de Córdoba y Sevilla, a la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, a las direcciones provinciales del Ministerio de Fomento en Jaén, Huelva y Cádiz, y a los ayuntamientos de Algeciras (Cádiz) y La Carolina (Jaén).

También se vieron afectadas la jefatura de conservación de Carreteras de la Junta de Extremadura, las gerencias de la empresa pública Adif de Sevilla, Córdoba, Linares-Baeza, Valencia, Madrid, Zaragoza y Barcelona y a la Administración autonómica de Canarias, aunque la juez no precisa a qué departamentos ni instituciones.

Según el auto de inhibición a la Audiencia Nacional, extremo que pidió en febrero la Fiscalía, entre los 88 imputados cometieron los delitos de cohecho, prevaricación, malversación, fraude y exacciones ilegales, maquinación para alterar el precio de las cosas, tráfico de influencias, blanqueo de capital, asociación ilícita y falsedad documental.

Esos delitos "han tenido una grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, tanto por su extensión geográfica abarcando múltiples administraciones, como por su continuidad en el tiempo, y por el número de personas implicadas en esta trama", explica la juez para justificar el envío del sumario a la Audiencia Nacional.

Según Alaya, los directivos de Fitonovo, a través de medios ilícitos que ellos mismos reconocieron en sus declaraciones, obtuvieron durante años la adjudicación de contratos públicos de distintas administraciones mediante tráfico de influencias, pago de dádivas o regalos a funcionarios públicos.

También los lograban a través de concurrencias ficticias con otras empresas, bien instrumentales con el conocimiento de los funcionarios encargados o también ajenas mediante un acuerdo entre las empresas para repartirse el mercado, indica la juez.

Para ello, el pago de dádivas era "el instrumento básico y esencial que los directivos de esta empresa utilizaba para contratar con la Administración", precisa el auto judicial.

El fraude no estaba solo en la concesión sino en la ejecución del contrato, sobre todo cuando concurría Fitonovo como subcontratista de otra adjudicataria, "pagando comisiones a los representantes de la contratista y a los funcionarios para realizar menos metros de los trabajos pactados", apunta Alaya.

La juez señala que en las investigaciones del juzgado y de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil se determinó que la red de soborno la dirigían los directivos Rafael González Palomo, su hijo José Antonio González Baro (que asumió la dirección en 2011), el cuñado del primero y tío del segundo Juan Andrés Bruguera y el adjunto a la dirección Ángel Manuel Macedo, encargado de la caja B.