El Cabildo de Lanzarote y el Gobierno de Canarias han remitido de forma coordinada un documento dirigido al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, en el que exigen “la inmediata suspensión del proceso administrativo de las prospecciones y la apertura de un nuevo proceso de exposición pública por las graves irregularidades detectadas en el expediente de las prospecciones que Repsol pretende efectuar en Canarias”.

Otros cabildos y ayuntamientos de distintas Islas “reforzarán” esta semana la iniciativa sumándose a la petición de suspensión del proceso, que será también dirigida a la ciudadanía para facilitar que colectivos y personas físicas puedan remitir idéntica petición.

En la actualidad, los permisos de investigación están inmersos en un proceso administrativo cursado en primera instancia por el órgano sustantivo, el Ministerio de Energía, Industria y Turismo, y en segundo lugar por la Autoridad competente de dictaminar la Declaración de Impacto Ambiental, el Ministerio de Alimentación, Agricultura y Medio Ambiente.

“Este Ministerio, dirigido por Miguel Arias Cañete -seriamente cuestionado por tener intereses personales en empresas vinculadas a la comercialización de hidrocarburos-, debe resolver en los próximos días si otorga luz verde a Repsol para iniciar las primeras catas frente a las islas”, señala el Cabildo.

Los procesos de evaluación ambiental se focalizan en base al análisis de la información aportada por Repsol en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) expuesto a información pública el pasado 1 de agosto de 2013, así como a las alegaciones al mencionado EIA aportadas por ciudadanos y ciudadanas particulares, entidades privadas diversas, y administraciones públicas canarias.

“Estando en curso este proceso evaluativo, y ante la patente falta de información de relevancia que ya fue detectada en el EIA de Repsol y desglosada con precisión en las alegaciones formuladas por las partes alegadoras, representantes de tres administraciones canarias lograron acceder recientemente a una parte del expediente que no había sido facilitado con anterioridad”, resalta el Cabildo.

“Tras una primera lectura parcial, se detectaron serias irregularidades tanto en la forma y ordenamiento como en los contenidos temáticos, destacando graves carencias sobre los impactos que las prospecciones de Repsol pueden generar sobre la población humana, sobre el medio natural oceánico, sobre las actividades económicas y, en consecuencia, sobre los intereses generales de Canarias”, añade la Corporación insular.

“Por este motivo, las instituciones públicas del Archipiélago estiman que en estas circunstancias de graves anomalías en el seno del procedimiento legal, y ajustándose a los preceptos administrativos vigentes de la legislación española y comunitaria, emitir conclusión alguna en forma de Declaración de Impacto Ambiental favorable a la petrolera sería del todo inadmisible por vulnerar derechos fundamentales perfectamente reglados”, concluye.