La Fundación Franz Weber ha presentado esta mañana la campaña Canarian Camels con la que plantea “una reconversión total del sector” de los paseos sobre camellos canarios (dromedarios) en las Islas, con especial incidencia en Lanzarote, y “un avance hacia actividades turísticas sostenibles que no impliquen la explotación de estos animales”.

La iniciativa ya ha cosechado más de 33.000 firmas en la plataforma de activismo digital Change.org de personas de todo el mundo que apelan a las principales empresas touroperadoras para “dar carpetazo” a este tipo de actividades que ofrecen en sus respectivas páginas web.

En 2021 FFW documentó en un informe las fallas en el bienestar e integridad de los animales empleados en esta actividad turística, resaltando situaciones que atentaban contra su salud, desde problemas músculo-esqueléticos al uso continuado de bozales que impide los comportamientos naturales de los camellos.

Así, los naturalistas señalan que “la imagen de Lanzarote es mucho más que pasear sobre animales domesticados y que además los constantes incidentes están creando una imagen muy negativa de cara al exterior.”

En junio de 2023 el video grabado por una turista donde se contemplaba el maltrato a una cría de camello se hizo viral y la noticia llegó a decenas de medios de comunicación de todo el mundo, sumando cientos de miles de reproducciones en redes sociales.

En él se podían ver los golpes que propinaban a la cría varios trabajadores al animal, que era supuestamente adiestrado para cargar turistas. El camello sufría castigos repetidos y tirones sin que ningún empleado ni responsable solicitara detener estas conductas.

Poco más de un año después, en septiembre de 2024, un nuevo video mostraba la caída de un camello adulto, la huida de los turistas que iban sobre el mismo y la dubitativa reacción del trabajador encargado del paseo.

“Tampoco tras estas imágenes ninguna administración parece haber tomado medida administrativa alguna. Esto refuerza la petición de cese de actividades y pone sobre la mesa la connivencia institucional con prácticas inadecuadas”, señalan en la fundación.