-Actualmente trabaja en un estudio sobre el sistema de salvamento marítimo. ¿En qué se diferencia el sistema de salvamento marítimo español del resto?

-Es una compañía de capital público y civil, no es militar. En el resto de los países europeos es una guardia costera la que tiene la responsabilidad de hacer los salvamentos marítimos. En España no tenemos esto porque, cuando termina la dictadura, Franco no había invertido nada. La Cruz Roja tenía 12 o 14 barcas que se podían utilizar a menos de tres millas de la costa. España firma la convención SAR, de salvamento en el mar, y entonces se plantea la necesidad de tener una agencia o una entidad pública que pueda hacer frente a las responsabilidades legales. En principio no se hace pensando en la inmigración ni nada por el estilo, sino en recoger gente que pueda naufragar en el mar, pescadores... En 1970 hay un naufragio a varios metros de la costa y mueren un montón de personas.

-Pero resulta difícil de entender que nadie hubiera mirado el mapa, porque hay una Península y dos archipiélagos…

-Antes de Franco había más o menos un sistema que no era suficiente, pero que funcionaba. Luego se crea la Cruz Roja del Mar. A finales de los ochenta ya se ve que hay una necesidad. No hay torres de coordinación, no hay sistema de comunicación, no hay absolutamente nada, no hay barcos. El que le da un impulso es Borrell que en ese momento es ministro de Fomento. El caso del Mar Egeo en 1992 y luego el Prestige en 2002 son dos momentos que realmente definen la evolución. Se empieza a subcontratar remolcadores de una empresa privada sobre todo para temas de catástrofes medioambientales.

-Entonces sí nace con esa vocación de rescatar a personas independientemente de a cuántos kilómetros de la costa estén...

-Esto no es una elección del Gobierno español. Han firmado un convenio que dice que se tiene que salvar todo. Es como una ambulancia, que si va por la calle y hay un accidente no se pregunta si tienes seguro o no tienes seguro. Es una obligación legal que no tiene ningún tipo de ambigüedad. Esto es un servicio universal. En el mar hay grandes zonas de responsabilidad, de búsqueda y rescate.

-Que no tienen por qué coincidir con lo que llaman las aguas nacionales...

-No necesariamente. Hay tres zonas: las aguas territoriales, la zona económica exclusiva, donde tienes derecho a explotar los recursos que están debajo de la superficie del mar, y las aguas internacionales. La zona de responsabilidad lo incluye todo. Y esto es una cosa importante porque cuando se intenta que los servicios de salvamento se conviertan también en un servicio de protección de fronteras, en realidad se están intentando aplicar leyes nacionales que solo se aplican en el territorio del Estado.

-En un rescate en junio hubo dudas de quién tenía que ir, si España o Marruecos, y finalmente murieron varias personas, entre ellos una niña de cinco años. ¿Por qué pasó eso?

-Los países le comunican a la Organización Marítima Internacional los límites de su zona de responsabilidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es una cosa voluntaria. Se favorece que los países se pongan de acuerdo, pero no se tienen por qué poner de acuerdo. En 2012 Marruecos comunicó una zona de rescate que se solapaba con la española. En el Mar de Alborán hay una zona de responsabilidad compartida. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que conforme Marruecos avanza en sus demandas territoriales en el Sahara occidental, y es un agua muy rica en pesca y minerales... empieza a decir, bueno, que aquí estamos nosotros. España lleva mucho tiempo pidiendo a Marruecos que haga rescate en esta zona, pero siempre se ha negado hasta ahora.

“El salvamento marítimo es una obligación legal que no tiene ambigüedad”

-¿El servicio de salvamento español sería el servicio a copiar por el resto de países?

-Sasemar es un servicio precioso, excepcional, civil, que respeta realmente el espíritu y las letras de la convención SAR. Debería ser un servicio modelo. Y una de las cosas buenas que tiene es que es público, civil y transparente, que son tres cosas que no se puede decir de la Guardia Civil, que es la otra entidad pública que quiere tener más responsabilidades en temas de rescate, que solo es pública. Desde 2015 recopilo datos de geolocalización para cada una de las operaciones que ha llevado a cabo Sasemar. En la zona del Estrecho, cuando España y la Unión Europea empiezan a pagarle a Marruecos para que desarrolle sus capacidades de rescate en mar, vemos cómo entre 2018 y 2019, se desplazan las operaciones de Sasemar hacia el norte, se dejan de hacer operaciones en la zona de responsabilidad marroquí que se hacían porque Marruecos no tenía los medios. Se supone que las hace Marruecos, pero no sabemos si las hace porque no da ningún tipo de información.

-¿En la práctica pone más en riesgo a la gente que cruza el Estrecho?

-Es que no lo sabemos. Dicen que en 17 años han rescatado a 17.489 migrantes, pero te lo tienes que creer, porque ni ellos comparten datos ni hay nadie allí viendo que se rescata. O sea, durante un tiempo les estaban pidiendo a los barcos de salvamento marítimo que se quedaran cerca, pero no demasiado cerca, hasta que llegara la marina marroquí. Y está empezando a pasar lo mismo aquí que lo que pasaba en el Estrecho.

-¿Se puede decir que este sistema o este modelo está en riesgo o que está empezando a cambiar?

-El modelo de Sasemar está en riesgo por dos razones. Se están intentando externalizar las responsabilidades de los salvamentos a Marruecos, pues que no es ni siquiera salvamento, sino que se paren o se impidan que lleguen. La otra parte es que el negocio de la frontera es mucho dinero. La Guardia Civil ha querido ser la entidad responsable de eso. Sasemar no va a desaparecer, pero sí se ve que está quizá intentándose que se retire de las zonas de fronteras.

-Si se militariza le estás dando otro concepto, no de rescate, sino como si fuera de defensa de las fronteras...

-Algunos lo quieren ver así, pero no es el caso. Es porque se percibe la migración como una amenaza y entonces la respuesta que se le tiene que dar es una respuesta con las fuerzas de seguridad del Estado, en este caso con la Guardia Civil.

-¿La Unión Europea sigue intentado externalizar o privatizar la migración? Es decir, que no llegue hasta aquí, que lo arregle Marruecos o quien sea...

-Son los convenios que se han hecho con Marruecos, que hizo Pedro Sánchez hace poco y los que se intentan hacer con Senegal o con Mauritania… Aquí hay dos cosas, la privatización o la externalización. Estos acuerdos se han firmado con Libia, se han firmado con Marruecos, se han firmado con Turquía. Y con Túnez, bueno, en fin, no sabemos lo que va a pasar con ese, pero es el modelo que se está siguiendo. ¿Qué es lo que pasa? Son países donde o no hay voluntad política o no hay capacidad política de proteger los derechos humanos. Túnez es un país, por ejemplo, donde el presidente ha abierto, entre comillas, la caza al negro, en sus palabras. Entonces, estos son los países a los que la Unión Europea le está pagando para que pare a esas personas. ¿Podemos pensar que van a respetar? Estamos dando un dinero que nadie fiscaliza, que nadie comprueba. Nadie ve si ese dinero de verdad se emplea en lo que se dice que se emplea o no. Lo otro que es importante es que Frontex empieza en 2005 con 12 millones de euros, hoy en día tiene 845 millones de euros. Esto es solo Frontex. ¿Y esto para qué? Las fronteras no se pueden cerrar, y menos las fronteras en el mar. Estados Unidos lleva desde 1950 intentando cerrar una frontera terrestre con México. Los miles de millones de euros que se han gastado allí y no han parado nada... En realidad lo que están haciendo es subvencionar la industria del tráfico de personas, subvencionando la mafia en las fronteras. En Estados Unidos, en 2022, se calcula que el volumen de negocio de pasar personas de un lado a otro es de 13.000 millones de dólares. Se crean las condiciones ideales para que esta gente pueda pedir más dinero. El presupuesto de servicios públicos para toda Canarias este año es de 9.000 millones, para hacerse una idea de las proporciones, del tipo de negocio.

“Se está subvencionando la industria del tráfico de personas”

-Cuando la ultraderecha dice que las ONG colaboran con las mafias, en realidad deberían apuntar hacia otro sitio… 

-Lo que está claro es que se crean unas condiciones en las que la gente no puede atravesar la frontera por sí misma. Tienes que contratar los servicios de organizaciones criminales que hacen a la vez el tráfico de personas y el de otras sustancias, por ejemplo drogas. Por otra parte no se está consiguiendo lo que se dice que se quiere hacer, que es cerrar la frontera. Ahora mismo España tiene a 38 policías nacionales, cuatro barcos y un avión en Senegal porque quieren parar las salidas. Pero realmente nosotros, nuestro ámbito de actuación es nuestra zona de responsabilidad SAR. En la obligación de salvar vidas en mar, una vez que se firma el convenio SAR no hay ningún tipo de ambigüedad, no es una opción, no es caridad, es nuestra obligación. ¿Cómo se puede hacer eso mejor? Pues con más barcos. El 4 de noviembre, en 24 horas, la Salvamar Adhara, que son cuatro personas, hizo 500 rescates. Son personas que están de guardia 24 horas durante una semana. Es decir, llegue el barco que llegue, los que responden a esa emergencia son esas cuatro personas.

-Desde hace años se habla de la precariedad en Salvamento Marítimo. Si se quiere transformar el modelo, la precariedad no es casualidad...

-Si esto lo pasan a la Guardia Civil sería una millonada, porque no aceptaría esas condiciones. Más barato que Sasemar  no existe. Si esto se pasa a la Guardia Civil, que es la voluntad política que hay desde hace mucho tiempo, los costes se dispararían. O los costes se disparan o España deja de hacer frente a sus obligaciones legales.

-Si realmente hubiera una voluntad de parar estas migraciones se haría de otra manera...

-Esto es como decir, tengo una hemorragia y la voy a parar limpiando la sangre del suelo con un trapo. Ni es el instrumento, ni es el momento. La gente no va a dejar de salir. Entonces militarizar la frontera lo único que hace es que muera más gente. Hay voluntad de cerrar las fronteras, gastarse dinero y precarizar a esta gente. Lo que estamos haciendo es que la gente esté obligada a quedarse en países donde las condiciones de vida, las condiciones laborales son mucho peores, de manera que se les puede explotar exportando nuestras industrias, nuestras empresas, o cuando vienen aquí están en una situación de precariedad en la que también se les puede explotar. Si no atacamos las causas originales del asunto pues no vamos a ningún sitio.