“Si el Gobierno de Canarias y la consejera Inés Rojas tuviera voluntad y realmente quisiera, los proyectos de rehabilitación y reposición de viviendas de los barrios de Titerroy y Valterra podrían iniciarse mañana mismo”, asegura la parlamentaria del PP por Lanzarote, Astrid Pérez.

“La propia consejera Inés Rojas ha llegado a reconocer que el dinero está en las cuentas del Gobierno de Canarias, lo que nos parece realmente intolerable, porque dónde tendría que estar es ejecutándose en las casas de las familias afectadas”, añadió.

Para Pérez, lo que está haciendo Rojas es utilizar el nuevo convenio que se va a firmar entre el Estado y las comunidades autónomas para “justificar lo injustificable” y que “no ha hecho nada en materia de rehabilitación de viviendas desde que es consejera de este área”.

De hecho, en un Informe del propio Ministerio de Fomento se señala que “la fecha de suscripción del nuevo convenio es indiferente para el normal desarrollo de las actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, así como para su financiación”.

Añade que “el nuevo convenio garantiza su continuidad y la comunidad autónoma de Canarias dispone”, según el PP, de 52,4 millones de euros “que no ha justificado”. “Entendemos su no justificación porque no se ha transferido a los beneficiarios de dichas ayudas”, señala.

Así lo han puesto de manifiesto tanto la presidenta del PP lanzaroteño como la vicesecretaria de Políticas Sectoriales y portavoz parlamentaria, Cristina Tavío, que han comparecido en rueda de prensa para informar del desarrollo de la campaña de recogida de firmas realizada en Lanzarote.

Esas firmas se sumarán a la petición de amparo a la Defensora del Pueblo que también se ha realizado desde el resto de Islas afectadas por el incumplimiento de la consejería de Vivienda.

300 firmas en Lanzarote

En Lanzarote se han recogido cerca de 300 firmas de ciudadanos y vecinos afectados por la “paralización” de las áreas de renovación urbana de Valterra y Titerroy, “cuya responsabilidad recae única y exclusivamente en el Gobierno de Canarias que después de recibir el dinero del Estado no ha iniciado ni uno sólo de estos dos proyectos”.

Desde el PP se recuerda que el Estado transfirió sólo para estos dos proyectos 2,1 millones de euros, que forman parte del cómputo total el Gobierno de Madrid entregó al Gobierno de Canarias en 2011.

“A día de hoy, todos los proyectos de rehabilitación están paralizados por la incapacidad y la incompetencia del Ejecutivo regional para poner en marcha estos convenios de rehabilitación”, señala Cristina Tavío.