Gerardo Díaz (Madrid, 1955), ingeniero civil, es el gerente de Canal Gestión Lanzarote, filial de Canal de Isabel II, donde trabaja desde hace 31 años. Ha sido gerente del grupo en Extremadura durante 17 años, y de Hispanagua. Dice que quería venir a Lanzarote porque es un reto notable y le gusta “lo difícil” y que va a dirigir las inversiones en los próximos cinco años, como mínimo. 

—Del agua que no se factura, ¿ya saben cuánto es fraude y cuánto son pérdidas?

—El fraude me preocupa relativamente poco hoy por hoy. La preocupación de esta casa es que haya agua. Me preocupa más que tengamos las redes como Dios manda y las desaladoras con capacidad de producción. Del total de agua que perdemos no sabemos qué parte es fraude y qué parte fugas, pero seguro que hay muchas más fugas que fraude.

—Antes los ayuntamientos no pagaban a Inalsa. ¿Ahora tendrán que pagar?

—Sí. Los ayuntamientos son grandes consumidores y algunos pagan puntualmente todos sus recibos y otros no, y están preocupados porque saben que tienen que pagar el agua. Estamos intentando establecer protocolos para que empiecen a pagar.

—¿Van a pedir al Consejo insular de aguas que cierre o regularice las desaladoras ilegales que hay en hoteles?

—Tenemos que trabajar en eso. No es mi prioridad hoy. Hay instalaciones legalizadas y otras no tanto. Mi intención es, de la mano del Consejo y del Consorcio, ir abordando el tema. Habrá que ver en qué situación está cada una y ver si se puede negociar una entrada en el sistema o, si el Consejo lo decidiera, alguna situación que las pusiera más cerca de la ley de lo que hoy están. Es el Consejo quien puede normalizar esa situación y le pediremos que lo haga.

—Con el precio que han puesto de saneamiento, ¿les sale rentable, dado que hay muchas zonas que aún no tienen saneamiento?

—La situación de la Isla es rentable o no en su conjunto. No es rentable el precio del agua reutilizada pero en su conjunto las condiciones son las que hemos asumido. Si no es rentable habrá que hacerla. El reglamento habla de que cuando haya redes de saneamiento, los usuarios deben engancharse y si no se enganchan también tendrán que pagar. Donde haya redes, cobraremos la tasa y donde no las haya tendremos que regularizar esto. Nuestra inversión no está en hacer nuevas redes, o sí. Habrá que analizarlo con el Consorcio. Sólo las construiremos nuevas si alguien nos lo encarga.

—¿Es viable aprovechar la presa de Mala?

—Sus condiciones son complicadas porque no se puede potabilizar. Costaría mucho. Para agua de riego, hay que tener en cuenta que embalsa 150.000 metros cúbicos. En el mejor de los casos, si se llena, habría agua para 15 ó 20 días y habría que hacer un gasto que hace inviable su uso. Demasiados costes para el poco volumen de agua que embalsa.

—¿Y van a apostar por la energía eólica?

—En el contrato se dice que si hay infraestructuras de inversión externa que supongan ahorros en la gestión, ese ahorro revertirá como canon al Consorcio. Hasta donde yo sé, hay un proyecto de aerogeneradores para autoconsumo del Consorcio. Entiendo que la energía se verterá en las redes del Canal para Punta de los Vientos. Si es así, no tenemos nada que decir. Nos da igual de dónde nos venga la energía.

—Sólo mantienen una subcontrata, Francisco Lemes, que repara las averías. ¿Van a seguir con ese servicio?

—Estamos analizando varias opciones. El contrato de Fontanería Lemes está vigente hasta enero. Con personal propio podremos asumir algunas de esas cosas pero no todas con tantas averías que hay. Estamos gestionando un contrato que se publicará en octubre y, por tanto, tendremos nuevos subcontratistas, o el mismo, que nos ayuden en reparar averías. El contrato será para cubrir las averías que no pueda afrontar el Canal con su personal.

—¿Tienen previsto algún cambio en las condiciones laborales de los trabajadores?

—De forma general no. Vamos al ritmo que nos marquen los acontecimientos. El convenio de Aguas Filtradas no está en vigor y el de Inalsa termina su vigencia este año. Estamos obligados a vincularnos a un nuevo convenio del sector que se publicará en días, y queremos consensuar las cosas con el comité de empresa, algunos cambios en jornadas, en turnos, etc., pero de forma consensuada. La empresa no tiene ninguna intención de reducir plantilla ni por bajas incentivadas ni prejubilaciones.

—¿Cuántos contadores van a cambiar y quién los paga?

—Estamos hablando de 35.000 contadores que hay que cambiar. El coste lo paga el Canal.

“La gestión privada es el futuro”

—La llegada de Canal de Isabel II fue con polémica, primero por la oposición a la privatización y después porque Gestagua dijo que el concurso estaba orientado para ustedes y sus vinculaciones con la empresa que hizo los pliegos del concurso.

—Yo me he sentido bien recibido por los agentes sociales y políticos. Que estaba dirigido, es un error pensar en eso, porque ha habido un concurso público…

—Pero ustedes no se presentaron al concurso...

—Los pliegos de partida eran duros y complejos y hacía falta más inversión. En cuanto a la empresa que hizo los pliegos, dos de las personas que trabajan ahí son amigos míos, con uno he trabajado treinta años, pero la gente se mueve de empresas. Son personas acreditadas en el sector y no están cautivos de nada. No quiere decir que nos avisaran ni nos han preparado nada. En cuanto a la privatización, a las pruebas me remito. La gestión privada es el futuro.

Cabildo y ayuntamientos deben tres millones de agua

Inalsa ya no desala agua pero aún mantiene más de 40 reclamaciones por impagos en los tribunales contra abonados morosos. Las reclamaciones suman unos 60.000 euros, pero esta cifra está muy por debajo de lo que deben los ayuntamientos y el propio Cabildo, a quienes aún no se ha llevado a los tribunales y que suman una deuda de tres millones. El Cabildo debe 40.000 euros, y entre los ayuntamientos, el que más debe es Teguise con 1,5 millones, seguido de Arrecife con más de medio millón, Haría con casi 300.000 euros, Tías con 224.000, Tinajo 195.000 y Yaiza con 81.000 euros. San Bartolomé no debe nada.