Sociólogo y profesor universitario. Ejerció como fiscal en Colombia entre 1996 y 2012, en Barranquilla, Valledupar y Aguachica. Primero fue fiscal sin rostro (mantenía el anonimato) y después especializado en tráfico de armas, drogas o terrorismo, “delitos de alta trascendencia”. Señala que las medidas de seguridad eran muy limitadas y la protección muy débil, pero que, a pesar de que era una época de “lucha intestina” entre grupos terroristas y de que llevó casos que afectaron a estos grupos, nunca se sintió amenazado. Está jubilado y pasa unos días en Canarias visitando a unos familiares.

-Se ha firmado un proceso de paz que no está siendo fácil. ¿En Colombia la violencia es algo consustancial al país o algo circunstancial que no termina nunca?

-Sin ser pesimista, más bien realista, se firmó un acuerdo de paz en el país pero realmente el proceso de paz va más allá de esa firma porque la paz necesita décadas para construirse, empezando por cambiar la mentalidad guerrista de muchos, enquistada, entre ellos de nuestros gobernantes que son los que dan el mal ejemplo. Los presidentes, el Congreso... que entre ellos mismos hay agresividad hasta física, esto se irradia por toda la sociedad. Es un problema estructural. Desde una óptica múltiple, no sesgada, no es solo la guerrilla o el narcotráfico. Hay un sector político que quiere destruir lo que se consiguió con esa firma.

-Desde 2016 se ha denunciado el asesinato de 500 líderes sociales. ¿Se está aprovechando la firma para ajustar cuentas?

-Quizá, uno de los problemas más agudos de Colombia es el proceso de tenencia de la propiedad de la tierra, donde una minoría es la que tiene las mejores tierras para el ganado, cultivo, etcétera y la gran mayoría carece de ellas, especialmente los campesinos. Estos líderes tratan de ganar algunos espacios de recuperación de tierras con el proceso firmado y son asesinados, precisamente por recuperar esos derechos. Son amenazados y al Gobierno actual no le interesa protegerlos. Cuando muere alguien pudiente, lamentan la muerte, pero callan cuando asesinan a un líder social o lo tratan como una caricatura.

-¿Se trata solo de las grandes familias del país o también de empresas multinacionales?

-Hay muchos intereses transnacionales de empresas no solo norteamericanas, sino canadienses, inglesas, francesas o chilenas que están acaparando la explotación minera o agrícola. El Gobierno incluso las exonera de impuestos para que exploten esos recursos naturales.

“Se firmó un acuerdo de paz, pero realmente el proceso va más allá de esa firma porque la paz necesita décadas para construirse, empezando por cambiar la mentalidad guerrista de muchos, enquistada, entre ellos de nuestros gobernantes”

-Precisamente Colombia es uno de los países más ricos en recursos naturales...

-Ese punto es importante porque es una paradoja que, siendo uno de los países que tiene salida al mar por el Pacífico y el Atlántico y teniendo climas diversos, cálidos, húmedos y templados, oro, minerales, agua..., todo sea explotado por empresas en detrimento de la mayoría de la población que viene arrastrada por la pobreza, la miseria y sin educación. Hay algo importante, los niños a veces no estudian porque es más rentable cultivar cocaína, como pasa en Nariño, y abandonan la educación porque tienen que transitar muchos kilómetros hasta la escuela sin vías de comunicación. No hay oportunidades de empleo formal o educativo y se dedican a la actividad ilegal.

-Respecto de la cocaína, ¿es más necesaria la sustitución de cultivos o la legalización?

-Estamos de acuerdo. Lo que pasa es que el Gobierno es miope en este problema y lo trata de solucionar contaminando el medio con el glifosato, que es cancerígeno, y recibe directrices de Estados Unidos. Trump es el que más insiste y regaña a la presidencia de Colombia porque los cultivos crecen y no hacen nada. No hay ninguna voluntad por parte del Gobierno de hacer esa sustitución de cultivos. Se trata de destruir y eso no hace daño a los narcos porque van a otros espacios y cultivan en otros lugares. Eso no lleva a una solución adecuada.

-La mano de Estados Unidos aún es muy alargada en Colombia.

-Bastante. Tanto que hace poco le quitaron la visa a unos magistrados porque apoyaban la ley estatutaria, la justicia especial. Es una vergüenza nacional y el presidente no dijo nada. igual que muchos congresistas. No les conviene esa justicia especial para la paz porque ya los militares están diciendo la verdad, cansados, y hay grandes señalamientos a poderosos, terratenientes, comerciantes y hasta banqueros que se aliaron con los paramilitares.

“Quizá uno de los problemas más agudos de Colombia es el proceso de tenencia de la propiedad de la tierra, donde una minoría es la que tiene las mejores tierras para el ganado, cultivo, etcétera y la gran mayoría carece de ellas”

-¿Está de acuerdo con esa justicia transicional nacida del Acuerdo de paz o bastaba con la justicia ordinaria?

-Estoy de acuerdo, es una justicia nueva y hay que dejar que siga su marcha. Tiene detractores porque pone en riesgo ciertos compromisos o privilegios de algunos poderosos. Todo no puede ser represión, como en la justicia ordinaria, que es una vergüenza. Siempre se ha dicho que hay una impunidad en el país del 95 por ciento de los delitos. Todos los despachos están congestionados de demandas, tutelas..., en todos los órdenes.

-¿Sólo es falta de medios ?

-Se ha tratado de hacer varias reformas y también hay magistrados sin voluntad de cambiar porque pierden privilegios. El problema de la justicia, como todos los problemas en Colombia, es estructural. El hecho de que se aumenten los jueces no es suficiente porque sigue habiendo falta de medios. Es algo integral, afecta a funcionarios, jueces, fiscales o infraestructuras. Hasta en la justicia superior hay expedientes en el piso, es un caos, se pierden los expedientes fácilmente, se tarda mucho y ahí llega la ineficacia del Estado. La tutela está para proteger los derechos fundamentales y, si no se soluciona, se congestiona aún más.

-¿También se puede hablar de corrupción judicial?

-La corrupción es un punto central. En Colombia lo bordea todo. Hay un maridaje entre el sector público y el privado. Se ha demostrado que el sector privado ha salido más corrupto que el público. Ejemplo: Odebrecht, que queda en impunidad total. Hay un problema de fondo. Los presidentes de Colombia son investigados por la Comisión de acusaciones de la Cámara, tienen una ventana muy abierta. Dicen que Uribe tiene más de 200 casos de investigaciones en esa comisión y no pasa nada, ni pasará.

-En el caso Odebretech estuvo implicado el fiscal general Humberto Martín y no dimitió por eso.

-Siempre he sostenido que la elección de este fiscal fue una jugada maestra de Juan Manuel Santos y su vicepresidente Vargas Llera. Había una terna y hubo un contubernio entre la Corte Suprema y el Ejecutivo para que quedara Humberto Martín y no se investigaron los conflictos de intereses que ese señor tenía con Odebrecht, que fue asesor de uno de los poderosos de Colombia como es Luis Carlos Sarmiento Angulo. Su renuncia, por cierto, fue porque estaba desnudo ante tanto conflicto de intereses, no advirtió para quién había trabajado y ademas no tenía el perfil para ser fiscal, pero como convenía lo eligieron. A esto se le suma la corrupción que había entonces en la Corte Suprema, de unos magistrados que se les conoce como el cártel de la toga.

-¿Hay garantías ahora para elegir a un fiscal independiente?

-Veo con falta de porvenir que el fiscal que se elija cumpla su función de una manera eminentemente jurídica. El presidente actual, el señor Duque, dio los tres nombres, pero que sean abogados no quiere decir que dominen el derecho penal y, aunque no sea un requisito, debería ser un penalista. Aquí se elige por criterio político porque son los presidentes quienes dan la terna.

-¿Qué papel está teniendo el actual presidente Duque en el proceso de paz?

-Lamentablemente, el presidente está demostrando que es un personaje sin independencia política. Es del resorte del expresidente Álvaro Uribe y todas sus acciones son seguidas por sus directrices, no tiene autonomía, hace lo que le diga su jefe. La prueba está en que siempre está dispuesto a darle golpes al proceso de paz, seguir privatizando y reduciendo el tamaño del Estado. Se dice que quiere privatizar Colpensiones, que es la entidad pública que cotiza las pensiones en Colombia, para que quede en favor de los fondos privados, entre ellos uno de Sarmiento Angulo.

-A pesar de este panorama, ¿cree que el proceso de paz es irreversible?

-Por mucho que los enemigos de la paz, como el gobernante actual, quiera poner palos a las ruedas, hay que tener en cuenta que hay un seguimiento de la UE, que ha hecho grandes aportes financieros. Tampoco se puede aniquilar por completo porque está el seguimiento de otros países que han elogiado tanto el proceso como la justicia especial por la paz. Los adversarios de este proceso dicen que las FARC merecen la cárcel, no la Cámara o el Senado, pero estos señores de la guerrilla nunca fueron derrotados y se les pudo llevar hacia un proceso de paz. Incluso ellos admitieron algunas cosas, como que tampoco se juzgue a los presidentes por este proceso. La mente estrecha de los gobernantes actuales no les da para eso, solo quieren represión, cuando el 95 por ciento queda impune y la justicia ordinaria no ha servido para nada.

-La violencia, en definitiva, no deja de ser un gran negocio.

-Por supuesto. Hay mercenarios que venden armas y no les interesa la paz. Algunos se lavan la boca hablando de terrorismo pero también hay terrorismo de Estado, como pasó con Uribe. El Estado también ejerce el terrorismo, que no son solo los grupos armados al margen de la ley.