La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Lanzarote ha planteado una iniciativa que será debatida en el pleno del Ayuntamiento de Arrecife del próximo martes con medidas para “afrontar la pobreza energética y los cortes de suministros de agua”.

Así, reclaman que se aplique “un principio de precaución en los cortes” para garantizar que no afecte  a “la salud de las personas”, y que no se pueda efectuar “ningún corte sin un informe preceptivo de los servicios sociales, que certifique que el hogar en cuestión tiene suficiente capacidad económica para hacer frente al recibo básico”.

La plataforma insta al Ayuntamiento capitalino a “coordinarse” con el Consorcio del Agua y el Cabildo. En cualquier caso, reclaman que el Consistorio garantice el “derecho” a mantener las viviendas en unas condiciones de vida dignas y “a disponer de los mínimos de agua potable”, que establecen en 100 litros por persona y día.

“En cuestión de derechos humanos”, añade la PAH, “toda administración es competente”. De este modo, piden que el coste de los suministros se bonifique “cuando la renta del hogar se encuentre por debajo del salario mínimo interprofesional”, que está fijado en 655 euros al mes.

También piden que la bonificación sea “inversamente proporcional” a los recursos de las familias, siendo total “cuando el hogar no disponga de ningún ingreso”.  Además, reclaman que se condone “toda la deuda de las familias que ya hoy no pueden pagar estos servicios”.

Tanto el coste de bonificar los recibos de los hogares con escasos recursos económicos como perdonar la deuda “irá a cargo de los beneficios de las distribuidoras de luz y de agua”, señalan en la iniciativa. “Mientras no se haga efectiva esta medida será el Ayuntamiento el que avanzará la totalidad de este coste”.

Contadores “solidarios” en pisos ocupados

En el caso de “pisos ocupados” que pertenezcan a “un banco” o una “entidad jurídica”, la plataforma reclama al Ayuntamiento que facilite la tramitación de un ‘contador solidario’ y que “la factura de la instalación en precario” vaya a cargo de un “fondo social” que se tendría que habilitar.

En la petición de la PAH se plantea que “el periodo para disfrutar” del contador solidario sea de seis meses, periodo que podría ser revisado si se mantiene la “vulnerabilidad socio económica”, con seguimiento y control de los Servicios Sociales del Ayuntamiento.