Los trabajadores del Ayuntamiento de Yaiza denunciaron el viernes una “campaña de acoso” con apertura de expedientes disciplinarios iniciado por el grupo de gobierno encabezado la alcaldesa Gladys Acuña.

 Para los trabajadores, se trata de una política encaminada a “atemorizar y amedrentar al personal laboral”, según afirma la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias.

Según el sindicato, “la nefasta política de relaciones laborales del grupo de gobierno se caracteriza por la continua modificación unilateral de las condiciones de trabajo”, con “cambios de horarios, turnos” o “centros de trabajo”.

Todo ello, añade el sindicato, “sin previa negociación y bajo amenaza de que o se aceptan las nuevas condiciones impuestas o se procede a la privatización de los servicios públicos, como por ejemplo el de limpieza de edificios públicos o el personal controlador del Paraje Natural de Los Ajaches”.

“También han insinuado que el servicio de limpieza viaria, parques y jardines podría ser externalizado, al menos en la zona turística de Playa Blanca”, sostiene el sindicato Comisiones Obreras.

“A día de hoy la mayoría de las actuaciones que se realizan en materia de personal carecen del preceptivo procedimiento administrativo, existiendo un importante número de trabajadores que son vigilados e incluso seguidos por concejales y encargados, simplemente porque no son del agrado del concejal de turno”, asegura Comisiones.

Según el sindicato, “también se da el caso de que este grupo de gobierno, que escapa y huye de la negociación colectiva, reubique a un número importante de trabajadores en puestos de trabajo que nada tiene que ver con el contrato de trabajo firmado, sin procedimiento alguno y simplemente por tener una mayor simpatía hacia los beneficiados con tal reubicación”.

“Actuación caciquil”

En cuanto a la apertura de expedientes, los trabajadores denuncian que los plazos de resolución “no se ajustan a la normativa, además de que muchos de ellos se han iniciado a raíz de que el trabajador había interpuesto una demanda judicial contra el Ayuntamiento”.

Desde Comisiones se defiende que la mejora de las administraciones públicas “pasa por la mejora de los servicios que se prestan al ciudadano, que las condiciones de trabajo pueden ser modificadas en el marco de una negociación, pero de ninguna manera puede aceptarse una actuación caciquil de coacciones, amenazas y golpes de alpargata”.

El sindicato emplaza al grupo de gobierno a que se siente a negociar todo aquello que afecta al personal laboral y funcionario, así como los servicios públicos que se prestan, “para una mayor coordinación y mejora de la prestación de los mismos, tal y como la alcaldesa firmó en julio de 2012 en la mesa de negociación del segundo convenio colectivo para el cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria”.