Hay varias cosas que quedan claras sobre la dimisión de Montelongo:

En primer lugar, es evidente que no se debía haber presentado a la alcaldía. Está imputado en el caso Montecarlo desde el año 2012 y es tiempo suficiente para saber que esto podía acabar así. El PSOE lo sabía, pero hizo unas primarias y ganó. No es cuestión de discutir el carácter beneficioso o perverso de la democracia, interna y externa, pero cuando se mezclan los votos y las sospechas de corrupción, se tiende a argumentar que los primeros legitiman la desaparición de las sospechas de la segunda. Lo han hecho muchos alcaldes y otros cargos públicos, que han intentado justificar que la victoria en las urnas les exculpa, que el tribunal del pueblo está por encima de la Administración de Justicia. No es así. En todo caso, seguimos viendo cómo, frente a la corrupción, sigue teniendo más peso que el sospechoso sea de los nuestros. La honradez o la ejemplaridad, en este país, es obligación de los otros.

La segunda cuestión es que, sea condenado o absuelto, es cierto que hay una sensación de culpabilidad previa. Montelongo la achacará a la prensa y a la oposición, y se quedará con ganas de acusar a algunos de sus compañeros. Se va a hablar de acoso, cacería, o algo así. Sin poner un solo ejemplo, sin demostrarlo, como si las sensaciones nacieran del vacío. Quizá tenga parte de razón pero el responsable de que esto acabe así es él. Ha sido incapaz de dar una rueda de prensa, admitiendo preguntas de todo tipo, sobre su imputación. No ha querido explicar a la opinión pública por qué está imputado, de qué se le acusa, cuáles fueron los hechos y sus motivos para actuar así. Si se siente inocente, no ha sabido trasladar esa sensación. Las explicaciones que dio al partido, que le permitió presentarse, las debía haber dado en público.

Por otra parte, su estrategia de defensa en los tribunales se ha convertido en su guía de comportamiento. Ha confundido los espacios: el judicial y el institucional, y su estrategia de defensa ha pasado a ser su modo de uso. Si un cargo público deja que sea su abogado quien marque la pauta, puede que salga absuelto, pero como cargo público no tiene futuro. Los abogados siempre recomiendan no hablar y la opinión pública solicita lo contrario. Es evidente, además, que su estrategia defensiva le ha perjudicado en su labor pública, con su insistencia en acusar al tesorero, primero a través de su defensa y después utilizando el abogado del Ayuntamiento de Arrecife.

Lo tercero tiene menos importancia. Es el afán perpetuo del PSOE de querer cuadrar el círculo. A las 22.30 del viernes, Montelongo no iba a dimitir. El sábado por la mañana ya había decidido dimitir, pero sin embargo quien da la rueda de prensa no es él. Es obvio que mientras en la Isla se le decía una cosa, en Madrid (porque los dirigentes de Canarias apoyaron a Montelongo) se intentaba otra maniobra para que dimitiera. En la misma jugada, el PSOE quiere hacer ver que Montelongo es inocente, que le apoya y que dimite por generosidad; al mismo tiempo que quiere escenificar que es un partido implacable contra la corrupción. Las cosas no cuadran.