El Tribunal Supremo (TS) no da un respiro a las arcas públicas del Ayuntamiento de Tías. El TS acaba de echar por tierra el recurso del Consistorio sureño contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que le condenó hace tres años al pago de unos 3,4 millones de euros al propietario de una parcela que fue calificada en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) como zona verde en Puerto del Carmen.

La calificación de la parcela -de unos 550 metros cuadrados- en zona verde se produjo en el planeamiento urbanístico aprobado en la década de los noventa del pasado siglo. La finca es propiedad de la empresa Promociones Inmobiliarias de Lanzarote, que recurrió a la tribunales ante la inactividad del Ayuntamiento durante años para resolver la situación de estos terrenos, ubicados en la calle Los Infantes de Puerto del Carmen, justo enfrente del muelle de La Tiñosa.

Durante décadas, el Ayuntamiento de Tías ni llevó a cabo el proceso de expropiación de los terrenos ni materializó ninguna compensación al dueño de la finca con terrenos de titularidad municipal en otra parte. El Jurado provincial de expropiación forzosa valoró la parcela en 2008 en unos 2,5 millones de euros. Sin embargo, el importe se elevó hasta los casi 3,4 millones de euros en los que al final se fijó el justiprecio a raíz de un recurso de la empresa propietaria.

Ahora, el Tribunal Supremo rechaza el recurso planteado por el Ayuntamiento de Tías y hace firme la sentencia dictada por el TSJC en 2010. El Consistorio, que fue acusado por la propiedad del solar de “temeridad y mala fe procesal”, también ha sido condenado en costas.

En la sentencia, el Supremo señala que “la valoración” que hizo el Tribunal Superior de Justicia no puede “tacharse de arbitraria, ilógica o irrazonable”, lo que hubiera sido la única posibilidad del Ayuntamiento para conseguir una sentencia a su favor.

En los años 90 se calificó una parcela privada de 550 metros como zona verde

Este pleito llegó a bloquear la aprobación del presupuesto municipal de 2011 y el grupo de gobierno que se formó tras las elecciones (PP y San Borondón) ha tenido que incluir en sus cuentas el pago en partes de la cantidad adeudada, aunque se albergaba la esperanza de que el Supremo fallara a favor del Ayuntamiento. En el presupuesto de 2013 hay asignados 1,2 millones para el pago de “sentencias judiciales urbanísticas”.