La consejera del Partido Popular en la comisión de Educación del Cabildo de Lanzarote, María del Cristo Acosta, asegura que “lo mejor que se pudo hacer con las ayudas de emergencia educativa fue dejarlas sobre la mesa e intentar corregir las situaciones tan injustas y discriminatorias que se producían por la decisión de otorgar a todos los solicitantes la misma cantidad económica”.

En este sentido, Acosta critica que el equipo de gobierno “no haya tenido la previsión suficiente para trabajar bien este asunto antes de llevarlo a pleno para su aprobación”. “Desde el minuto uno en el que se llevó a comisión porque entendíamos que los criterios que se habían establecido no garantizaba que las familias más necesitadas fueran las más apoyadas económicamente”, añade.

“Sencillamente -recalca- no se producía una distribución equitativa de los recursos”. “Unas ayudas que se llaman de emergencia social no pueden repartirse por igual, otorgando a todos una cuantía uniforme de 1.000 euros, porque precisamente la situación de las familias tampoco es la misma y, lógicamente, hay personas con más necesidad que otras y en condiciones económicas más difíciles”.

"Si preocupados estábamos antes, más preocupados e indignados estamos ahora tras revisar muchos de los expedientes y detectar casos que, técnicamente, cumplen con los requisitos para ser admitidos pero que consideramos no pueden percibir en ningún caso la misma cantidad”, agrega.

“Con el sistema empleado por el eguipo de gobierno se producen circunstancias completamente surrealistas”, ya que “hay familias que tienen ingresos por unidad familiar de unos 2.500 euros, con vivienda en propiedad, sin cargas familiares por discapacidad o mayores de 65 años”, con dos hijos estudiando fuera de la Isla cobrarán 1.000 euros por estudiantes.

“Los mismos 1000 euros, por alumno, que otra familia con las mismas características sociales y que sus ingresos son únicamente los 460 euros de la prestación básica”, se queja la consejera del PP.

“Es intolerable que se haya tratado por igual a los 135 alumnos que se presentaron a la convocatoria, a aquellos que viven en hogares en los que el único dinero que entra es el de la prestación básica de los 400 euros y aquellos cuyos progenitores son, por ejemplo, trabajadores de la propia institución pública”, concluye.