El 6 de enero de 2011 fue un día afortunado para I.M.R., una vecina de Teguise que recibió la noticia de que le acababan de tocar 100.000 euros por el sorteo de la lotería de El Niño. Fue el principio y el fin de su suerte. Once días después ingresaba el dinero en la cuenta corriente que había abierto quince años antes en su entidad bancaria de toda la vida, la que entonces se llamaba Caja Rural de Canarias y hoy se llama Cajamar. El resultado final es que ha acabado pagando al banco, en intereses, más dinero del que le ha generado su premio, y que no puede disponer de todo su dinero.

“Desde entonces no sólo no ha podido recuperar parte del dinero que ingresó sino que en la actualidad está en una situación financiera precaria por el nocivo comportamiento de la directora de la sucursal que ocultó información a la denunciante, engañándola”. Esto es lo que dice la querella que ha tenido que interponer esta mujer contra la entidad bancaria y contra la ex directora de una de las sucursales de Arrecife por estafa. El Juzgado número 3 ya la ha admitido a trámite.

El recorrido bancario es el siguiente, siempre según el relato de la querella: Unos días después de ingresar el premio, la ganadora fue “persuadida” por la directora para que firmara un depósito a plazo fijo en el que ingresó 90.000 euros, que le iba a reportar un interés del 3,4 por ciento. En agosto de ese año el depósito le renta 8.000 euros, que en lugar de mantenerse en ese producto financiero pasan a un nuevo depósito con una rentabilidad menor, de sólo el dos por ciento.

Esta operación se repite en varias ocasiones con otras cantidades y culmina en septiembre de 2012 con el cambio del interés desde el 3,4 por ciento al uno por ciento, “con consentimiento viciado al haber sido  engañada”, según la querella, ya que no tiene sentido que alguien acepte que le rebajen la rentabilidad de su dinero sin necesidad alguna. Pero las anomalías no habían hecho más que empezar.

La cliente pide un préstamo personal de 7.000 euros, a pesar de tener dinero suficiente y de que no firmó ninguna póliza de ese préstamo ante notario, al que se le impone un tipo de interés del diez por ciento. Solo unos días más tarde contrata un segundo préstamo por 19.600 euros para comprarse un coche, con su consentimiento pero sin que se le informara de que el tipo de interés es del diez por ciento y el interés de demora del 25.

La cliente, una vecina de Teguise, ingresó su premio, que le reportaba un interés del 3,4% y ha acabado pidiendo cuatro créditos por los que paga, un interés del 14%

Además, el acuerdo pignora los derechos de crédito del segundo depósito a plazo fijo, donde tenía 24.000 euros que pasan a no estar disponibles para hacer frente tanto a sus gastos como a los intereses de los dos préstamos. Así, que como casi no tenía liquidez, acaba por contratar otro préstamo, el tercero, para unificar sus deudas con la entidad, y en esta ocasión el tipo de interés ya se eleva al 14 por ciento y queda pignorado el primer depósito con otros 30.000 euros.

La situación, aunque resulte estrambótica es así: el dinero que había ingresado le renta un uno por ciento y por el que le han prestado le piden un 14, pero es que además no puede disponer de su dinero para pagar esos intereses ni para trasladarlo a otra entidad bancaria, y si se demora debe pagar un 25 por ciento. No hace falta recordar que, en principio, tenía dinero suficiente para afrontar sus gastos o incluso para cancelar los préstamos que por otra parte, no tenía necesidad de contratar. Y además, a pesar de unificar sus préstamos en marzo, en el mes de abril le siguen cargando comisiones por los préstamos anteriores.

La cosa no acaba ahí, porque en marzo de 2013 contrata un nuevo préstamo personal de refinanciación, el cuarto ya, por valor de 16.400, y dos meses más tarde abre dos nuevos depósitos, de 5.000 y 2.000 euros respectivamente, que en lugar de seguir las condiciones de rentabilidad del primero, o incluso del segundo, le aportan una rentabilidad de sólo el 0,95 por ciento.

La querella, que considera que I.M.R. ha sido “víctima de un engaño y una estafa monumental” concluye que “tales actuaciones fueron maquinadas por la antigua directora de esa entidad bancaria, causando graves perjuicios económicos”.

Se produjo, según el texto, un “estrangulamiento financiero de forma intencionada, voluntaria y premeditada” por parte de la directora del banco, que le ha impedido a la cliente disponer de su dinero, y además la entidad “incumplió su obligación de dar información transparente y leal en los aspectos relativos las condiciones del producto”.

La versión de Cajamar

Por su parte, Cajamar asegura que todas las transacciones denunciadas por la cliente fueron rubricadas debidamente por ella. Señalan que en el año 2014 reclamó ante el Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones del Banco de España, y que después de analizar los hechos, el 9 de enero de 2015 concluyó que la entidad Caja Rural de Canarias "no había quebrantado la normativa de transparencia ni las buenas prácticas y usos bancarios en su actuación".