La Audiencia Provincial de Las Palmas ha condenado a cinco años y tres meses de prisión a tres de los acusados del caso Proselan: el interventor del Ayuntamiento de Arrecife, Carlos Sáenz, el anterior jefe de la Oficina Técnica, Rafael Arrocha, y el empresario José Daniel Hernández, propietario de la empresa Proselan.

Por su parte, la Audiencia ha condenado a un año y cuatro meses de prisión y tres años de inhabilitación a José Miguel Rodríguez, ex concejal de Hacienda del Consistorio capitalino, que en el juicio confesó que se había producido el desfalco de más de 250.000 euros en facturas falsas emitidas por Proselan en concepto de trabajos de electricidad al Ayuntamiento.

El interventor ha sido condenado por un delito continuado de malversación de caudales públicos y a un delito continuado de prevaricación, al igual que el ex jefe de la Oficina Técnica y el ex concejal de Hacienda. Además de las penas de prisión, ambos funcionarios han sido condenados a nueve años de inhabilitación absoluta

En el caso del empresario, ha sido condenado por un delito continuado de malversación, por otro delito continuado de prevaricación y por un delito continuado de falsificación en documento mercantil.

Además, los cuatro condenados tendrán que indemnizar al Ayuntamiento de Arrecife de forma solidaria con los 251.953 euros que se cobraron de forma indebida a la institución. La empresa Proselan ha sido declarada responsable civil subsidiaria de 126.674 euros.

En la sentencia, de 62 folios, se considera como hechos probados que en 2008 los acusados “se concertaron” para obtener del Ayuntamiento hasta 349.159 euros a través de facturas por trabajos que “nunca se ejecutaron”, con el consiguiente “lucro personal” y “correlativo quebranto para las arcas públicas municipales”.

Así, la sentencia destaca que “aparentaron la contratación directa” de las empresas Instalación Eléctricas José Daniel Hernández y Proselan, simulando ejecutar contratos menores de obras, “evitando de esta manera la tramitación del expediente ordinario de contratación” y la necesidad de efectuar concursos públicos.

“Menoscabar los fondos públicos”

La Audiencia destaca que los acusados “siempre” estuvieron “guiados” por la “finalidad de menoscabar los fondos públicos”, y que “crearon la apariencia de la ejecución de diversas prestaciones” en las fiestas del Carnaval de Arrecife y en fiestas de los barrios del municipio, sin que se tramitara ningún expediente y sin que los trabajos se llevaran a cabo.

A través de un “plan preconcebido”, recalca la sentencia, se llegaron a confeccionar una serie de presupuestos “que no respondían a proyecto alguno” y que no fueron presentados en ningún registro del Ayuntamiento, a los que únicamente se les puso la firma del entonces jefe de la Oficina Técnica y el sello del departamento para “aparentar la realidad de la contratación”.

Además, se presentaron 10 facturas en el Ayuntamiento los días 4 y 5 de diciembre de 2008, que firmaron Arrocha y José Miguel Rodríguez, “al ser perfectos conocedores” de que “la práctica del Ayuntamiento de Arrecife” era la de “liquidar en dicho mes la totalidad de los créditos a proveedores en el caso de existir disponibilidad presupuestaria”.

Del mismo modo, el interventor y el entonces edil de Hacienda “firmaron los documentos contables” redactados por Sáenz reconociendo las facturas y ordenando el pago, “siendo conocedores de la inexistencia de prestación ni de contrato alguno que justificase su conformidad con dichas facturas”.

La transferencia de los más de 250.000 euros se llevó a cabo el 26 de diciembre sin que el interventor hubiera elaborado con carácter previo al abono el documento de retención de crédito, ni se hubiera formalizado expediente de contratación alguno ni redactado contrato.

Facturas que no se llegaron a pagar

El 21 de abril de 2009 se presentaron en la intervención del Ayuntamiento otras cuatro facturas, que sumaban 97.864 euros, que también fueron firmadas por Arrocha a pesar de ser "perfecto conocedor" de la inexistencia "de prestación de los servicios”. Rodríguez y Sáenz también firmaron los documentos contables y se ordenó el pago el 18 de mayo, pero “no llegó a efectuarse”.

En aquellos días fue cuando estalló el caso Unión y el PSOE se quedó en minoría en el gobierno municipal después de expulsar a los concejales del PIL. “Al detectarse por la Concejalía de Festejos dichas ilegalidades”, se suspendió el pago material de las facturas presentadas en el mes de abril.