El pago de la millonaria deuda de Inalsa que hundió a la empresa pública no es agua pasada. Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) ultima la presentación de manera inminente de una demanda por incumplimiento del convenio ratificado por el Juzgado de lo mercantil en septiembre.

También lo hará Aguas Filtradas, si antes del próximo jueves el Consorcio del Agua no le entrega el certificado que acredita su derecho a cobrar, que al igual que en el caso de FCC, le ha sido negado por el Consorcio del Agua.

FCC también estudia como siguiente paso la interposición de acciones penales contra los actuales representantes de Cabildo y ayuntamientos en el Consorcio del Agua. Hasta que el juez no dé carpetazo definitivo al concurso de acreedores, siguen con sus bienes embargados los consejos de administración de Inalsa presididos por Inés Rojas y Manuela Armas.

En cuanto a Aguas Filtradas, asegura que “procederá a interponer demanda” por “incumplimiento del convenio de acreedores”, con las “consecuencias previstas” en la ley concursal de “inhabilitación y embargo de sueldos y bienes”. El requerimiento iría dirigido también a los actuales miembros del Consorcio: el presidente del Cabildo y los alcaldes.

Como se recordará, FCC logró en 2006 un laudo arbitral que le reconocía unos 12 millones de euros de indemnización al no haber podido culminar una planta desaladora a instalar en Janubio (Yaiza), que Inalsa le había contratado cinco años antes y de la que sólo se llegó a construir una nave.

En el convenio validado por el juez, tras una quita del 21,7 por ciento, se especifica que tendría derecho a percibir 9,4 millones, que abonaría Inalsa del canon de 50 millones comprometido por la empresa madrileña Canal de Isabel II a cambio de la privatización del agua durante los próximos 30 años.

Las razones del Consorcio

Sin embargo, desde el Consorcio se ha mostrado el desacuerdo con la cuantía y se señala que hay procedimientos judiciales abiertos que a su juicio afectarían al montante de la deuda con FCC: un pleito exigiendo la nulidad del contrato de la desaladora, firmado por PSOE y PIL en 2001, y un recurso contra la inclusión de la deuda en el concurso de acreedores.

Esta es la razón en la que se escudó la entidad pública para no entregar el certificado en el que quede constancia de la deuda con FCC y la fecha de pago. Una decisión que va a desencadenar una nueva batalla judicial: en el caso de que el juez estime la demanda de FCC, las fuentes jurídicas consultadas –próximas a los acreedores y al Consorcio- sostienen que Inalsa perdería la quita de los acreedores, que supuso una reducción de la deuda global de la empresa pública de 41,4 millones a 32,4. En el caso de la de FCC, la deuda se rebajó en 2,6 millones.

Los acreedores estudian acciones contra los miembros del Consorcio del Agua

En cuanto a Aguas Filtradas, la empresa defiende que en el convenio de acreedores se le recogió una deuda a su favor de 9,8 millones, que con la quita “pactada” se quedó en 7,6 millones. Desde el Consorcio se ha pleiteado contra una ampliación del contrato efectuada con Plácida Guerra (PIL) de consejera delegada, que a su juicio afectaría al montante de la deuda.

Versiones radicalmente distintas

01. Para FCC, se ha incumplido de forma clara el convenio validado por el juez y que reconocía la obligación de pagar la deuda a los acreedores con el dinero del Canal de Isabel II. “De forma irrevocable, no sujeta a controversias ni a litigios de clase alguna”, reza el convenio.

02. Para Inalsa, la constructora cometió un error al no exigir que, al tiempo que se firmaba el convenio, se determinase la retirada de los recursos judiciales abiertos. Fuentes próximas al Consorcio, propietario único de Inalsa, entienden que “el interés general está en juego”.