El juez de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, ordenó la detención la semana pasada a cinco ex directivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM, integrada hoy en el Banco Sabadell) dentro de la Operación Mar Nuestro. Les acusa de delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental, administración fraudulenta y apropiación indebida.

Estos directivos habrían ideado un plan junto con dos empresarios de Benidorm a los que dieron créditos por más de cien millones para comprar hoteles y terrenos en México y el Caribve, operando mediante una sociedad pantalla alojada en Curacao (Antillas Holandesas) para escapar al control del fisco español.

Los empresarios, a los que se acusa de defraudar a Hacienda más de 30 millones de euros, se encuentran fuera de España pero están en busca y captura. Se trata de Juan Vicente Ferri y José Salvador Baldó y son los promotores y propietarios del hotel más polémico de Lanzarote, el Papagayo Arena, de Playa Blanca, que pertenece a la cadena Sandos, la misma que los hoteles comprados con el dinero de la CAM, y que también gestiona el Hotel San Blas en Tenerife.

Ferri y Baldó eran socios de la entidad bancaria a través de la sociedad Valfensal, a la que le concedían los créditos y que hacía, a su vez, las inversiones a través de una sociedad pantalla de Curacao, Jacksonport, que acababa transfiriendo los beneficios a Seabreeze, otra sociedad de Ferri y Baldó. De este modo, la CAM no obtenía ningún beneficio a través de su participación en Valfensal.

Este complejo entramado societario no era nuevo en la manera de hacer negocios de Ferri y Baldó. Basta con ver la estructura de la propiedad del Hotel Papagayo Arena, que consiguió la licencia urbanística a través de la sociedad Explotaciones Hoteleras Nueva Valencia, en la que figura como administrador único Ángel Gómez Navarro.

Sin embargo, el accionariado está repartido en seis sociedades: dos de ellas radicadas precisamente en los Países Bajos (Industrial Waste Management e Interbuilding Investment) y cuatro más (Stonework, Nuevos Proyectos Hoteleros Lanzarote, Promociones Amadorio y Hoteles Costa Mar) que tienen como administradores o accionistas, excepto esta última, a los dos empresarios alicantinos, y tiene participaciones o están participadas entre ellas mismas. Nueva Valencia transmitió su licencia a Papagayo Arena SRL, que es de los mismos accionistas.

Marcado por la polémica

El hotel de cuatro estrellas, enclavado en la Playa de Afe y en el límite del Monumento Natural de Los Ajaches, estuvo marcado por la polémica desde el principio Se llegaron a paralizar las obras de construcción por orden de la Dirección General de Costas porque invadían una parte del dominio público pero se levantó la orden y continuaron hasta construir 747 plazas, que se venden en régimen de todo incluido. La licencia, que está anulada por los tribunales, la concedió el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, en 1998, tres días después de que se presentara su solicitud y sin informe jurídico.

El hotel, además, incumple la normativa del Plan Insular, su propio plan parcial y la autorización turística. Supera el número máximo de plazas que se podían aprobar, incumple la altura y el número de plantas, ocupa 20.000 metros construidos de más e invade una zona verde y un pasillo de acceso a la playa. En resumen: lo que se aprobó no se podía aprobar, pero es que además lo que se construyó no se parece en nada a lo que se aprobó.

En el 2006 el Ministerio de Medio Ambiente inició el expediente de declaración de utilidad pública que debía culminar en la expropiación forzosa del hotel para demolerlo y restaurar el paisaje, pero el proceso no se terminó.

De ex alcalde a ex alcalde

José Francisco Riquelme fue alcalde de la localidad alicantina de Villajoyosa por el PSOE entre 1979 y 1987 y en Lanzarote ejerció como representante de los propietarios del hotel ante el Ayuntamiento de Yaiza para conseguir los permisos necesarios.

El ex alcalde, José Francisco Reyes, para el que la Fiscalía pide 25 años de prisión por conceder decenas de licencias ilegales y al que acusa de prevaricación, cochecho, malversación y blanqueo de capitales le nombró, junto a otros tres empresarios más, como uno de los que le había entregado dinero a cambio de agilizar licencias.

Riquelme declaró en septiembre de 2010 como imputado y negó los hechos, y posteriormente Reyes se desdijo. La Fiscalía acabó por pedir el archivo de las actuaciones contra todos los empresarios nombrados por Reyes.